El pasado 25 de febrero, Leopoldo Rago Gallo cumplió 30 años al frente del Juzgado Federal Nº2 de San Juan. El magistrado hizo un balance de su trayectoria y se mostró a favor de la implementación del sistema acusatorio en el ámbito federal, habló de su postura para que el Tribunal Nº1 tenga más competencia y opinó de las cosas a mejorar para dar mayor celeridad a las causas.
– ¿Qué balance realiza tras 30 años al frente del Juzgado?
– Es un buen número, un buen camino. He vivido todo tipo de circunstancias, muchísimas causas, algunas más largas, más demorosas.
– ¿Cuáles son las que más recuerda por su impacto?
– Cuando me pusieron en funciones estaba en el tapete la causa Torraga, la adulteración de vinos que se cobró la vida de 29 personas, que tuvo gran repercusión nacional y estuvieron todos los medios del país. El imputado estaba excarcelado y el primer acto que llevé a cabo fue revocar esa excarcelación y disponer la captura. También tuve el secuestro extorsivo de la señora de Barceló. La escombrera fue una causa muy importante, con connotaciones muy particulares. Fui al lugar y vi la cantidad de escombros, que era realmente una montaña. Una cosa inimaginable. Hoy estamos en condiciones de decir que el retiro está en un 95 por ciento, algo que parecía irrealizable, prácticamente está concluyendo.
– En este tiempo, ¿qué cosas considera que hay que cambiar?
Debo reconocer que hay un manifiesto desequilibrio entre los dos juzgados de primera instancia. Se lo he hecho público a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que hay un juzgado que tiene competencia casi múltiple, como el que conduzco, y hay otro (el Nº1), que tiene competencia Civil y Electoral. Entonces, no hay un equilibrio en la cantidad de causas. El Juzgado Nº2 tiene competencia penal, contenciosa administrativa, tributaria y de la seguridad social. En cambio, es muy reducido, en el fuero federal, el tema civil. Y lo electoral no es realmente algo de mayor complejidad en San Juan, dado que son elecciones cada dos años. El crecimiento de la litigiosidad en lo contencioso administrativo ha sido enorme. Una vez que pasó a la Nación la Caja de Jubilaciones de la provincia, pasé a ser el único juez de la seguridad social en San Juan, circunstancia que provocó, en su momento, un desequilibrio en el tribunal porque me pasaron el 100 por ciento de las jubilaciones de la provincia, sin el aumento de personal ni en una persona.
– Su reclamo no ha tenido eco…
– No. Ha habido distintos proyectos. A veces, se pone énfasis en lo penal. Pero acá, el tema es diferenciar las competencias. Sería más coherente que el Juzgado Nº1, que tiene competencia civil, que tuviese lo contencioso administrativo, la seguridad social y lo tributario. Y el Juzgado Penal que fuese penal, como es en varias provincias. Pero no se ha logrado. Después, hay un nuevo Código Procesal Penal Federal, que está funcionando en Salta y Jujuy. También estamos sujetos a eso. Entonces, habrá un cambio sensible, ya que yo pasaría a ser juez de Garantías. Todo está en que se decida que comience o no.
– El nuevo Código contiene el sistema acusatorio, ¿es el paso que hay que dar?
– Sí. Es un buen Código, es moderno. El Acusatorio, en el fuero federal, va dar buenos resultados para tener soluciones más rápidas porque la Justicia que llega tarde, no llega. Después incluiría San Juan y Mendoza, pero todavía no está la fecha.
– Se dice que los jueces pierden poder, ¿lo ve en ese sentido?
– Si se quiere llamarle poder, sí. Pero es distinto. El fiscal es el que va a llevar adelante la investigación. Hoy, en determinados delitos, el fiscal encara la investigación, lo prevé el Código actual. Pero en el nuevo, la totalidad de la investigación está en manos del fiscal y el juez pasa a ser de Garantías. A su vez, el Ministerio Público tiene que también darle una serie de cosas, como herramientas y personal, para munirlo al fiscal de lo que necesita para asumir la investigación de todas las causas. No va a haber uno sino varios fiscales, además de ayudantes fiscales. La investigación estará en más de una cabeza. Eso va a ser beneficioso.
– El fiscal General de la provincia, Eduardo Quattropani, dijo que es una atrocidad jurídica que un juez ordene un allanamiento, una detención, investigue y que procese a un sospechoso. ¿Coincide? ¿O cómo lo definiría?
– No sé si el término es atrocidad. Estoy a favor del nuevo Código. Es un avance a favor de los justiciables. Después, en el camino va a haber que hacerle reformas que van a surgir del mismo desarrollo de las causas.
– ¿En qué Gobierno nacional hubo un mayor impulso en el combate al narcotráfico?
– En cuanto a la decisión política, en el gobierno pasado se puso más énfasis en el combate contra la droga, a mi manera de ver. De todas maneras, desde el Poder Judicial, en todos los gobiernos hemos actuado igual. Lo que tenemos que hacer los jueces es aplicar la ley. Los procedimientos los hemos llevado a cabo de la misma manera. Y debo resaltar el trabajo y el apoyo de la Policía Federal, de la provincia y Gendarmería.
"El Consejo de la Magistratura ha tenido problemas. Hoy, estaría prácticamente bloqueado".
– En el actual gobierno nacional, ¿cómo ha visto esa decisión política?
– Tengo la preocupación general que tienen los argentinos, como puede ser la situación de Rosario y provincia de Buenos Aires. Son públicos y notorios los ilícitos que ocurren y la violencia, por lo que la droga ha avanzado sensiblemente.
– ¿Nota que el Gobierno nacional no pone todo el énfasis en esos lugares?
– No puedo conocerlo porque es eminentemente técnico y no estoy en Rosario para poder decir que la policía trabaja bien o mal.
– ¿Cómo ve la pelea del Gobierno nacional con la Corte Suprema?
– Es un tema político. Me limito a decir que mi opinión es la de la Asociación de Magistrados a la que pertenezco.
– En muchos lugares, la Justicia es una de las instituciones más cuestionadas. ¿Qué cree que hay que mejorar?
– La Justicia se tiene que hacer cargo de sus problemas, como la morosidad. A la sociedad hay que darle respuestas y siempre hay que mejorar un poco porque la Justicia tiene que pretender llegar más al justiciable, que el acceso sea muy sencillo, fácil y rápido. El gran paso es el Código nuevo, es una respuesta con mayor celeridad, como está pasando en provincia, con Flagrancia y otros ámbitos, que se está trabajando con celeridad.
"Es la segunda vez que voy a manejar una elección nacional. No creo que haya ningún problema".
– En el ámbito federal hay procesos que han durado 10 y hasta 15 años…
– El Código permite apelaciones que son herramientas de defensa del imputado o si el fiscal apela. A veces, la apelación es usada como una manera de dilatar los juicios. La etapa de instrucción a veces demora porque van en apelación y más de una vez a la Cámara o a instancias superiores.
– ¿Qué plazos maneja en la investigación y el dictado o no de un procesamiento?
– Siempre he resuelto las prisiones preventivas en los plazos procesales que la ley establece, en los días que hay que resolver. Hemos dado un cumplimiento riguroso a la ley procesal porque va en defensa del justiciable. En el caso de una persona detenida, hay que resolver en forma inmediata. En el dictado de procesamiento también existen plazos. Tienen prioridad las causas con detenidos. Con presos o sin presos, se cumplen los plazos procesales, en términos generales.
– ¿Ha tenido planteo de defensores?
– El Juzgado está prácticamente al día. No tenemos morosidad.
– Entonces, en el camino de las apelaciones habrá algo que retocar…
– Los plazos, los términos, de apelación, la concesión, si tiene que ser con efecto devolutivo o suspensivo, eso hace que la causa pueda seguir su trámite o suspenderse. Son temas muy técnicos. Siempre se ha tratado de darle todas las garantías al imputado, que me parecen correctas y lógicas, pero, si hay que modificar, hay que hacerlo de tal manera que no se lo prive de las garantías, pero que no se desvirtúe para dilatar los procesos.
– En estos 30 años ya cumplió 71, los jueces federales se jubilan a los 75, salvo que pidan un nuevo acuerdo del Senado. ¿Qué está evaluando?
– Hasta ahora, es llegar a los 75 años. En este momento, pedir acuerdo no es lo que se me ocurre. No lo tengo en mente. Todavía me quedan tres años y medio.