El arzobispo de San Juan de Cuyo habló en profundidad con DIARIO DE CUYO sobre la baja de la edad de imputabilidad, el clima social punitivista, la sensibilidad social del Gobierno nacional, el impacto del ajuste en la Iglesia, el rol de Cáritas y las tensiones internas entre sectores progresistas y tradicionalistas. Un diálogo extenso, con definiciones pastorales y políticas.
—Monseñor, empiezo por el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre la baja de la edad de imputabilidad, que volvió a ponerse en agenda y tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. ¿Por qué la Iglesia no acompaña esa iniciativa?
—Porque el problema no es la edad, sino el contexto. Pensar que un chico de 15 años pueda compartir una prisión con personas de 20, 25 o más años es realmente un despropósito. Yo he visitado cárceles en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Entre Ríos y acá en San Juan. Si alguien cree que ese es un ámbito adecuado para un adolescente, es porque no conoce esa realidad.
Tiene que haber un régimen penal juvenil, claro que sí, pero con una mirada integral. No se trata solo de castigar, sino de ver cómo se acompaña a una persona de 15 años que comete un delito, cuál es el camino para que pueda reinsertarse socialmente, adquirir habilidades, competencias, y también cómo reparar el daño causado.
Una cosa es la impunidad —con la que no estamos de acuerdo— y otra cosa es aplicar el mismo régimen penal a todos desde los 13, 14 o 15 años. El abordaje tiene que ser acorde a la edad y a la situación concreta.
—Usted también plantea que muchas veces se llega tarde.
—Exactamente. Hay que preguntarse qué hacemos antes para que un chico de esa edad no llegue a delinquir. Cómo logramos que esté incorporado al sistema educativo, que tenga un cuidado adecuado de la salud, que tenga vínculos sociales sanos que lo ayuden a crecer. Si solo discutimos la pena, llegamos tarde.
—El debate se da en un clima social muy crispado, con una fuerte demanda punitivista. ¿Cómo lo observa la Iglesia?
—Nosotros, junto con otros credos y también con personas que no tienen una confesión religiosa, afirmamos algo básico: toda persona tiene dignidad por sí misma y esa dignidad no se pierde.
Entendemos emocionalmente a una víctima que diga “que se pudra en la cárcel”. Eso es comprensible desde el dolor. Pero quienes legislan no pueden tener eso en su horizonte. Deben pensar un régimen penal que contemple el pago de la deuda social, pero también la adquisición de conocimientos y herramientas para reparar lo dañado y prepararse para la reinserción.
—En paralelo se discute la reforma laboral. ¿Qué mirada tiene la Iglesia sobre ese debate?
—Sobre las modificaciones puntuales prefiero no opinar porque todavía están en discusión y cambian permanentemente. Sí podemos decir algo de fondo: la salida de la pobreza es a través del trabajo, no del subsidio.
El trabajo hay que cuidarlo y promoverlo. Las pequeñas y medianas empresas han sido muy golpeadas en los últimos años y muchas cerraron, siendo espacios centrales de generación de empleo.
Hoy prácticamente la mitad de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. Eso es una precariedad enorme para los trabajadores —sin cobertura médica ni seguridad social— y también para el Estado. La reforma laboral debería contemplar los derechos de los trabajadores y de las empresas, y permitir que el trabajo sea un camino real para salir de la pobreza.
—En ese marco económico y social, ¿usted percibe sensibilidad social en el presidente Javier Milei?
—Yo no puedo evaluar la conciencia o la sensibilidad interior de una persona. Sí puedo señalar algunos hechos.
Lo ocurrido con el tratamiento de la discapacidad no me ha parecido bueno. Hubo expresiones de algunos funcionarios que descalificaron y que pusieron sobre los hombros de las familias una especie de culpa o responsabilidad que no corresponde. Las personas con discapacidad no son responsables de su situación.
Por supuesto que hay que corregir irregularidades o hechos de corrupción, y sancionar si corresponde. Pero tomar a justos por pecadores y meter a todos en la misma bolsa no es una solución adecuada.
—¿En San Juan se percibe un aumento de la pobreza o mayor demanda de asistencia?
—Desde Cáritas estamos fortaleciendo una red para situaciones ordinarias y extraordinarias. Ante lluvias e inundaciones pudimos dar respuestas de emergencia en coordinación con el Estado provincial y los municipios. Eso es importante: coordinar para no superponer ayudas y no dejar familias sin asistencia.
En emergencias se entregaron bolsones de alimentos, colchones, ropa, utensilios básicos. Y en la atención ordinaria asistimos mensualmente a familias con alimentos, no para cubrir toda la canasta, pero sí como refuerzo.
—También hay comedores y talleres.
—Sí, tenemos alrededor de 15 comedores y merenderos en la provincia. En algunos barrios la asistencia se mantiene estable; en otros incluso disminuyó.
Lo que sí vemos es una necesidad creciente de contención afectiva y educativa. Muchas familias pueden resolver la alimentación con changas, pero no tienen herramientas para acompañar a los chicos en la escuela, en actividades recreativas, deportivas o culturales. Por eso no miramos la pobreza solo desde el plato de comida.
—Usted mencionó la escucha como eje central.
—Así es. La escucha fue uno de los desafíos más repetidos en nuestras asambleas. En la catedral funciona el “ministerio de la escucha”, con personas disponibles para escuchar a quien necesite hablar, pedir consejo o simplemente ser oído. Y lo mismo promovemos en comedores y espacios comunitarios.
—Hubo polémica por la forma de dar la comunión y sectores tradicionalistas. ¿Qué ocurrió realmente?
—En la práctica no pasó nada nuevo, porque eran disposiciones que ya venían desde la pandemia. Hay disposiciones que corresponden al Papa, otras a la Conferencia Episcopal, otras al obispo, al párroco y también a cada fiel cristiano.
En la Argentina, la Conferencia Episcopal dispuso hace años que el modo de recibir la comunión es de pie y en la mano o en la boca, a elección de cada fiel cristiano. Pero en lo que hace a los sacramentos de iniciación cristiana, como la primera comunión y la confirmación, le toca al obispo determinar el modo.
Algunos sostenían que recibir la comunión en la mano era pecado o que no era digno. Entonces, para mostrar que no es pecado, dispusimos que en la primera comunión todos recibieran la comunión en la mano y, a partir de ahí, cada uno eligiera cómo seguir comulgando. Lo mismo se hizo en la confirmación.
—Algunos interpretaron que nunca más se podía recibir la comunión en la boca.
—Eso no es así. Fue solo para ese momento particular, para que los niños, adolescentes o jóvenes tengan la oportunidad de aprender cómo recibir la comunión en un momento tan importante. Después cada uno elige.
—Sectores tradicionalistas señalaron que había pocos lugares para la misa tradicional y que usted los había “recluido” en una parroquia lejana, en Albardón.
—Eso responde a disposiciones que no dependen del obispo local, sino del Papa. El Papa Francisco determinó que en cada diócesis, si se autorizaba la misa tradicional, el obispo debía designar un sacerdote y un lugar que no fuera una parroquia y que no fuera en horario de misa habitual.
En San Juan, estas celebraciones estuvieron autorizadas primero en 9 de Julio, después en Ullum y ahora en Albardón. No es una cuestión de castigo ni de marginación, sino de cumplir con lo que establecen las normas.
—¿Hubo diálogo con esos sectores?
—Sí, y en general lo que han manifestado es gratitud por poder tener ese espacio. Muchos de los fieles que participan de ese rito también asisten durante la semana a misas comunes en parroquias habituales. No es que tengan que elegir entre una cosa u otra.
—Para cerrar, una pregunta quizá más lateral, pero inevitable: ¿la motosierra pasó por la Iglesia? ¿Tuvieron que ajustarse como estructura eclesiástica? ¿Reciben menos presupuesto?
—Cada obispo tenía una asignación mensual. Hace unos años decidimos renunciar a esa asignación. Yo renuncié hace más de diez años, cuando todavía estaba en Entre Ríos, antes de venir a San Juan. En ese sentido, hoy tenemos menos asignación.
También existía una asignación para los seminarios, pero con el paso del tiempo se fue desactualizando y, con la inflación, terminó siendo más bien simbólica.
—¿Y cómo impacta eso en la vida cotidiana de las parroquias?
—En algunas parroquias disminuyó la posibilidad que tiene la feligresía de aportar. Mucha gente cree que los curas tienen sueldo del Estado o del Vaticano, y eso no es así. La Iglesia se financia con las colectas y con lo que la gente aporta cuando solicita un bautismo, una misa u otro sacramento.
De ahí el sacerdote obtiene una asignación mensual. Algunos además dan clases, son capellanes en escuelas, universidades u hospitales, y tienen ingresos por esas tareas.
—¿Hubo recortes en gastos de funcionamiento? Luz, agua, servicios.
—Sí, hubo que ajustarse. Parroquias que antes usaban el aire acondicionado ahora lo piensan dos veces. A veces la feligresía pide prenderlo por el calor, se prende, y después se explica cuánto fue el consumo para que se colabore un poco más.
Hubo capillas que, con los aumentos fuertes en las tarifas, no podían pagar la luz. Entonces se hicieron campañas solidarias para que una parroquia ayudara a otra a cubrir esos gastos.
—O sea que también hay ajuste puertas adentro.
—Sí, claro. Ajustarse en los gastos, usar menos los elementos de mayor consumo, poner más iluminación de bajo consumo y ayudarnos entre comunidades. Eso también es parte de la realidad que estamos viviendo.