El presidente de la Corte explicó que el proyecto que tratará la Legislatura el lunes sólo adapta la ley nacional al actual sistema inquisitivo y no reemplaza el régimen vigente. También confirmó que el Ejecutivo tiene avanzado el proyecto acusatorio-adversarial.
Daniel Olivares Yapur.-
Foto:
El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, dio detalles sobre el escenario que atraviesa la provincia tras la entrada en vigencia de la nueva ley nacional de Régimen Penal Juvenil y explicó que la adecuación que tratará la Legislatura el próximo lunes es sólo una solución provisoria hasta que San Juan sancione su propio Código Procesal Penal Juvenil con un sistema acusatorio y adversarial.
El titular de la Corte marcó una diferencia central entre ambos proyectos: mientras la normativa nacional está diseñada bajo un esquema acusatorio, la provincia todavía tiene vigente la Ley 754-O, de carácter inquisitivo. Por eso, el proyecto elaborado por el Poder Judicial y consensuado con el Ejecutivo busca adaptar la aplicación de la ley nacional sin modificar el sistema procesal provincial.
“Se mantiene el sistema de la Ley 754-O sin modificarlo”, explicó Olivares Yapur en Radio Colón. La iniciativa establece, entre otras cuestiones, que antes de tomar determinadas medidas el juez deberá dar intervención al fiscal, al asesor letrado de menores y a la defensa. Al mismo tiempo, le permite al magistrado aplicar desde el inicio medidas complementarias de carácter socioeducativo o promover una conciliación.
El objetivo, según planteó el presidente de la Corte, es que la respuesta frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal no se limite a una sanción, sino que contemple herramientas de resocialización y reinserción. “Ahí es donde tiene que estar el Estado a través del Poder Judicial y del Poder Legislativo para tratar de ejercer una pauta de carácter restaurativa de la conducta del menor y de resocialización y reinserción en la sociedad”, sostuvo.
Olivares Yapur también buscó precisar el alcance de la iniciativa que llegará al recinto. Aunque durante estos días se la ha denominado ley “transitoria”, el magistrado aclaró que técnicamente se trata de una norma complementaria. “No existe la ley transitoria como tal. Es una ley complementaria del régimen que tenemos”, señaló.
El objetivo será brindarles herramientas a los jueces para aplicar la nueva legislación nacional mientras la provincia avanza hacia un sistema procesal específico. La norma, remarcó, “adecúa y complementa el régimen procesal inquisitivo de la 754, pero no la deroga”.
De esta manera, el esquema actual continuará vigente hasta que San Juan sancione una nueva legislación y cree la estructura necesaria para poner en marcha el sistema acusatorio. Mientras eso sucede, los jueces deben resolver los casos que lleguen aplicando el régimen vigente, los principios generales del derecho penal juvenil y las convenciones internacionales sobre los derechos de los niños.
El cambio de fondo, según explicó el presidente de la Corte, será mucho más profundo. Olivares Yapur advirtió que el sistema acusatorio para menores no puede ser una simple extensión del modelo que ya funciona para los adultos. “Como es una legislación especial y que debe ser aplicada por especialistas”, explicó, no alcanza con trasladar jueces del sistema acusatorio de adultos al fuero de niñez.
El nuevo esquema requerirá “la creación de nuevos cargos de juez, de cargos de fiscales de niñez, de defensores de niñez y de asesor letrado de niñez”, además de funcionarios y empleados especializados. Por eso, definió al futuro sistema como “un ecosistema”, y no simplemente como un procedimiento dentro del sistema acusatorio general.
La Corte todavía no tiene una estimación sobre cuántos cargos serán necesarios. Según Olivares Yapur, primero deberá realizarse un relevamiento de la cantidad de casos y de las necesidades concretas del servicio de Justicia. De todos modos, fue categórico: “Sí estamos seguros que se van a requerir más cargos de magistrados”. Informalmente, en los pasillos de Tribunales se habla de, al menos, cuatro nuevos jueces.
La creación de esos puestos también implicará partidas presupuestarias. “Todos esos cargos nuevos siempre van acompañados de la partida presupuestaria correspondiente”, afirmó.
Otro de los anuncios de la entrevista fue que el Poder Ejecutivo trabaja en el proyecto integral para establecer el sistema acusatorio-adversarial de menores.
“Tenemos conocimiento de que el Poder Ejecutivo está trabajando y muy avanzado en un proyecto que ya prácticamente le faltan algunos detalles”, indicó el presidente de la Corte. Según explicó, el Ejecutivo le transmitió que próximamente lo presentará para que tome estado parlamentario.
A partir de ese momento, será la Legislatura la que deberá definir los tiempos y el formato del tratamiento.
Pero la implementación no será inmediata. Olivares Yapur explicó que una transformación de esta magnitud requiere una ley de instrumentación, la creación de cargos y la preparación de la estructura necesaria.
“Cuando se cambia de un sistema, se migra totalmente un sistema, como fue migrar del inquisitivo en adulto al acusatorio, se requiere de una ley de instrumentación, de la creación de cargos y siempre hay un período de carencia”, explicó.
En el caso de los sistemas procesales, ese período no debería ser menor a seis meses. Ese tiempo, señaló, resulta necesario para capacitar a la comunidad jurídica, designar magistrados y funcionarios y preparar los espacios y recursos materiales donde funcionará el nuevo sistema.
Otro de los puntos que generó debate durante la elaboración de la adecuación fue el rol del supervisor. Olivares Yapur confirmó que esa función quedará bajo la órbita del Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Niñez, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.
Según explicó, la normativa nacional contempla que la supervisión sea ejercida por la autoridad de aplicación del Ejecutivo. En San Juan, la Dirección de Niñez ya creó un ámbito específico de penal juvenil y asignó la función de supervisión a dos profesionales especializados.
El supervisor tendrá a su cargo el seguimiento de los adolescentes y la posibilidad de sugerir las medidas más adecuadas para cada caso.
La mirada de la Corte vuelve a poner el acento en la justicia restaurativa. “La idea no es que el menor de 14 años vaya directamente con pena privativa de la libertad”, afirmó.
En ese sentido, Olivares Yapur planteó que el Estado debe contemplar situaciones vinculadas con problemáticas familiares, consumo de drogas y otras circunstancias sociales que pueden atravesar a los adolescentes.
“Tenemos que pensar que el Estado tiene que estar presente para darle una solución”, sostuvo, y destacó el trabajo de la Dirección de Niñez y del Ministerio de Salud Pública en materia de medidas socioeducativas y abordaje de adicciones.
La nueva ley nacional comenzó a regir el sábado 5 de septiembre. Consultado sobre si ya había ingresado algún adolescente de 14 años al nuevo esquema, Olivares Yapur aseguró que, de acuerdo con la información que habían recibido de los jueces de menores, no se había registrado ningún caso grave que hubiera requerido una resolución o tratamiento especial.
Los juzgados continúan trabajando principalmente con expedientes que ya estaban en trámite.
En ese contexto, el presidente de la Corte destacó la decisión de la Legislatura de convocar a una sesión especial para tratar el proyecto de adecuación el próximo lunes. “Agradecemos la premura con la que el Poder Legislativo ha decidido tratar este proyecto”, afirmó.
Para Olivares Yapur, esa decisión muestra “la preocupación que el Poder Legislativo tiene por la situación de los menores” frente a la entrada en vigencia de la nueva normativa nacional.
Durante la entrevista, el presidente de la Corte también se refirió al nuevo concurso de postulantes para ingresar al Poder Judicial, cuyo primer examen comenzará el próximo lunes.
La primera instancia será de dactilografía y tendrá carácter eliminatorio. Los aspirantes tendrán una inducción previa y luego contarán con dos minutos de práctica antes de realizar el examen propiamente dicho, que durará cuatro minutos. El objetivo será escribir correctamente 100 palabras en ese lapso.
Olivares Yapur explicó que alrededor de 720 personas rendirán por día, entre las 8 y las 17.15, y que la Corte prevé extender el proceso durante septiembre y octubre.
El nuevo esquema incorpora, además, módulos de capacitación obligatorios, virtuales, asincrónicos y autogestionados. Los aspirantes deberán responder cuestionarios y alcanzar el 70% de respuestas correctas para avanzar.
El presidente de la Corte aclaró, sin embargo, un punto central: el concurso no implica que actualmente haya vacantes disponibles.
“No hay vacantes”, afirmó. Quienes aprueben integrarán una lista de aspirantes y podrán ser designados cuando se produzcan vacantes por fallecimiento, jubilación o creación de nuevos cargos mediante una ley.
