Una ola de detenciones de exfuncionarios y empresarios, y un nuevo llamado a indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner, conmovieron ayer la agenda política, en el marco de una megacausa que investiga presunta corrupción y pago de coimas en la concesión de obras públicas.

La expresidenta Cristina Fernández deberá acudir a declarar el próximo 13 de agosto en un caso en el que se investigan los pagos de millones de dólares en efectivo que supuestamente hicieron varios empresarios de obra pública a miembros de los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Un trabajo periodístico del diario La Nación desencadenó la apertura de una investigación judicial que en las últimas horas ha dejado doce detenidos, prófugos y varios citados a declarar, acusados de integrar una "asociación ilícita" con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.

Decisivas para destapar el escándalo han sido las anotaciones que durante más de una década tomó supuestamente el chofer de uno de los colaboradores más cercanos al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encargado éste de las áreas de obras públicas, energía y vivienda y uno de los imputados.

En varios cuadernos escolares, Óscar Centeno, que está entre los arrestados, fue apuntando con lujo de detalle cómo con su automóvil acudía a los puntos donde se recolectaba el dinero, como hoteles, oficinas o domicilios, y cómo luego, solo o acompañado, llevaba esos montos a un departamento para después derivarlo a sus destinatarios.

Entre los supuestos beneficiados están, no sólo para quien trabajaba como chofer, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta -mano derecha de De Vido y quien supuestamente coordinaba los pagos-, sino también el mismo De Vido y los propios Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández.

Entre la multitud de anotaciones de las libretas de Centeno están viajes con dinero hasta la residencia presidencial o al apartamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires.

"Nunca vi nada parecido. Una cosa así tan completa, esta bitácora nunca lo vi y tengo casi 40 años en tribunales", expresó el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien declinó explayarse en los detalles al regir el secreto de sumario.

Además de los exfuncionarios y empresarios detenidos, entre ellos de las empresas Iecsa -que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri- y Electroingeniería, se busca a otros imputados como Juan Carlos Goycoecha, que era titular de la filial local de la española Isolux Corsá.

Asimismo, además de a Fernández -que como actual senadora tiene fueros y no podría ser detenida- el juez Claudio Bonadio llamó a declarar a de Vido -ya en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017-, al exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y al exjuez federal Norberto Oyarbide.

La exjefa de Estado, viuda tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, cuanta con cinco procesamientos judiciales, la mayoría por operaciones con adjudicatarios de obra pública.

Aunque ayer declinó dar declaraciones sobre el escándalo, su tradicional postura y la de sus colaboradores es que es víctima de una persecución impulsada por el actual Gobierno para que no se hable de otras cuestiones como la situación económica del país.

Uno de los abogados de la exmandataria, Gregorio Dalbón, afirmó en Twitter que Fernández "no tiene nada que ver" en la investigación de Bonadio, y consideró que "la espectacularidad del operativo" busca "ganar tiempo" por parte del Ejecutivo de Macri, cuyo partido político está siendo investigado por presunta financiación ilegal.

"No importa quién cae, sino que se haga justicia. Esto ayuda a dejar atrás una etapa de corrupción estructural como la que vivió nuestro país en los últimos años", opinó este miércoles el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Valoró también que por primera vez hay un proceso "que nunca se vivió" en el país gracias al "compromiso institucional" del Ejecutivo con la "independencia judicial".

Stornelli defendió su actuación al remarcar que "nunca" se ha ajustado a "ningún momento político" y adelantó que está dispuesto a conceder a Centeno el beneficio de la figura de "arrepentido" si se presta a colaborar con la Justicia.

La investigación se inició en noviembre pasado a partir de la declaración judicial de H.H., exmujer de Oscar Centeno, quien tras entregar los cuadernos a "La Nación" relató que el chofer le contaba en la intimidad cómo junto a Baratta y otros exfuncionarios de Planificación, llevaban y traían en autos oficiales bolsos repletos de dinero en efectivo.

Según cálculos de la Fiscalía, por el auto que condujo el chofer detenido pasaron 160 millones de dólares. Los investigadores advierten que la cifra podría ser cerca de un 50% mayor si se toman en cuenta anotaciones realizadas sin montos concretos.

No pudo declarar

La primera indagatoria a Oscar Centeno no pudo realizarse ayer y ni siquiera se le leyeron los delitos que se le imputan. Así, la oferta para declarar como "imputado colaborador" quedó para hoy. Esta figura permite aportar información comprobable y verídica a cambio de atenuar su condena.