Dos viernes atrás el Gobierno convocó sorpresivamente a la cúpula cegetista a una reunión en la Residencia de Olivos. Fue el 10 de agosto. Ya se había desatado la furia de los cuadernos y los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña, acompañados por Gerardo Martínez, Omar Maturano, Armando Cavalieri, Andrés Rodriguez y José Luis Lingeri, acudieron a la cita con Marcos Peña, Jorge Triaca y Mario Quintana. No hubo fotos y la reunión fue larga, duró más de dos horas. Pero solo trascendió que la central obrera expresó su preocupación por la paralización de la obra pública y la pérdida en el corto plazo de más de 150.000 puestos de trabajo. Nada se supo de cuál fue el pedido de los funcionarios.

Lo contó el periodista Agustín Alvarez Rey en Crónica HD. Los miembros del Gobierno les dijeron que el lunes vendría Roberto Carderelli, el jefe de la misión para Argentina del Fondo Monetario Internacional, a monitorear la economía, y era muy importante que no hubiera movilizaciones, ni cortes de calle, ni expresiones de conflicto social que asusten al FMI, la última carta que tiene Cambiemos para lograr que la economía no implosione.

Y así fue. Las calles de la Ciudad de Buenos Aires lucieron particularmente tranquilasdurante la semana que estuvo el equipo de Christine Lagarde. Pudo funcionar sin problemas el Metrobus de la 9 de Julio, donde habitualmente hacen piquetes las organizaciones sociales; no se cortó la avenida Leandro N. Alem frente al Ministerio de Trabajo, un lugar especialmente apetecible para la protesta de los gremios; tampoco el Congreso ni el cruce de las avenidas Corrientes con Callao, los lugares elegidos por la izquierda trostkysta en sus diferentes expresiones, que incluyen importantes fracciones docentes.

El ministro de Transportes Guillermo Dietrich, el presidente del Banco Central Luis Caputo y el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. El trío encargado del plan para salvar a las PPP y la obra pública del colapso económico.

Por esos tiempos, el fantasma del Lava Jato se había transformado en realidad. En noviembre de 2016, el CEO del gigante brasileño Odebrecht, el empresario Marcelo Odebrecht, se había arrepentido y ya empezaba a lanzar sus esquirlas en los distintos países donde había ganado licitaciones, entre ellos, la Argentina. Para curarse en salud, la CAMARCO había convocado a la titular de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso, para que hable de "integridad y transparencia".

A menos de un año, hay un grupo de funcionarios que corre contra el reloj, durmiendo cuatro o cinco horas diarias, para evitar que la economía colapse. El Presidente le encomendó al presidente del Banco Central, Luis "Toto" Caputo, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que diseñen en forma urgente un plan para proteger a las inversiones pactadas dentro del programa de Participación Pública y Privada (PPP), a punto de naufragar porque la banca internacional no puede dar crédito a empresas involucradas en casos de corrupción.

A sus inconsistencias internas, la economía argentina se le sumó el efecto dominó de empresas sometidas a causas de corrupción, que las lleva a derrumbes de sus acciones, lo que provoca mayor volatilidad, incremento del costo del crédito, necesidad de acudir al financiamiento externo, que no puede prestar fondos a empresas acusadas de coimas, y así. Más recesión, más ajuste, más pobreza.

Mientras, urge la necesidad de modificar el decreto 1023 -Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional- por otro que permita diferenciar la responsabilidad de los empresarios con la de las empresas. "Ese cambio normativo es central para todas las contrataciones, no solo la de las obras públicas", se explicó, detallando que no todos los casos son iguales, por lo tanto, debe existir la posibilidad de analizar obra por obra, contrato por contrato, con "nuevas herramientas que permitan proteger la utilidad pública de lo que se contrata".