La presentación apunta contra Marta Elba Pascual por presunto abuso de autoridad y usurpación funcional. La acusan de exceder sus facultades al suspender la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires.
Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
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El conflicto por el nuevo Régimen Penal Juvenil sumó un capítulo judicial. Marta Elba Pascual, la jueza que suspendió durante 60 días la aplicación de la ley que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, fue denunciada penalmente este martes.
La presentación fue realizada por la asociación civil Usina de Justicia y apunta contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Pascual es titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La denuncia llega apenas un día después de que la jueza hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de su libertad. Esa resolución frenó temporalmente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
El principal cuestionamiento de Usina de Justicia es que Pascual habría excedido las facultades de un magistrado al suspender los efectos de una ley penal sancionada por el Congreso Nacional.
La asociación calificó la resolución como arbitraria y sostuvo que afecta la división de poderes. Además, cuestionó que la magistrada haya basado su decisión en un riesgo futuro de hacinamiento y vulneración de derechos sin que, según la organización, exista actualmente una lesión concreta o un peligro inminente.
La entidad también argumentó que el fallo no habría ponderado todas las herramientas contempladas por el nuevo régimen. Entre ellas aparecen medidas educativas y de acompañamiento, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibiciones de contacto y mecanismos de reparación, además de las penas privativas de libertad.
Otro punto señalado es el límite de las condenas. La Ley 27.801 prohíbe la prisión y reclusión perpetuas para adolescentes y fija un máximo de 15 años para una pena privativa de libertad, incluso ante escalas penales superiores.
Según los denunciantes, estas disposiciones contradicen la idea de que la entrada en vigencia del régimen necesariamente provocará un incremento considerable de adolescentes encarcelados.
Además de la denuncia penal, Usina de Justicia pidió intervenir como amicus curiae en el expediente que analiza el hábeas corpus. La organización pretende incorporar al debate la perspectiva de las víctimas de delitos cometidos por menores.
Pascual había ordenado el lunes la suspensión durante 60 días de la aplicación del régimen en la provincia de Buenos Aires ante la preocupación por la capacidad del sistema para recibir a adolescentes de 14 y 15 años, ahora alcanzados por la responsabilidad penal.
Régimen Penal Juvenil: por qué la Justicia suspendió preventivamente su aplicación
La magistrada puso el foco principalmente en la falta de infraestructura, recursos profesionales y programas socioeducativos. Consideró que incorporar nuevos adolescentes a establecimientos que ya presentan dificultades podría agravar las condiciones de alojamiento y vulnerar derechos fundamentales.
La jueza también aclaró públicamente que su postura no implica necesariamente estar en contra de reducir la edad de imputabilidad. Su cuestionamiento apunta a las condiciones en las que se aplicaría la normativa y sostuvo que enviar adolescentes a establecimientos sin educación, capacitación ni tratamiento adecuado puede profundizar su situación.
La resolución no declaró inválida ni derogó la Ley 27.801: suspendió preventivamente su implementación durante dos meses en territorio bonaerense.
El próximo paso tendrá fecha concreta. La Justicia convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades bonaerenses deberán explicar qué medidas adoptaron y cuáles proyectan implementar para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva legislación.
Mientras tanto, la denuncia contra Pascual abre otro frente en una controversia que comenzó prácticamente junto con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La discusión ya no pasa solamente por si existen condiciones para aplicar la baja de la edad de imputabilidad, sino también por una cuestión institucional de fondo: hasta dónde puede llegar un juez al momento de frenar preventivamente una ley aprobada por el Congreso.
