Por Rodrigo D. Metola San Nicolás- Abogado y docente universitario
Por Rodrigo D. Metola San Nicolás- Abogado y docente universitario
El derecho suele presentarse como un orden racional, un conjunto de normas que pretenden garantizar justicia y previsibilidad. Sin embargo, cuando se observa cómo funciona en la práctica, tanto en Argentina como en Estados Unidos, lo que aparece es un espejo deformado: instituciones que prometen certezas pero que, en la realidad, exhiben contradicciones, desigualdades y vicios propios de cada tradición.
Argentina se inscribe en la tradición continental europea, con códigos extensos y detallados que pretenden abarcar todas las situaciones posibles. Esa obsesión por la codificación genera una ilusión de seguridad jurídica, pero en la práctica se traduce en rigidez, burocracia y lentitud. Los expedientes se acumulan, los plazos se dilatan y el ciudadano percibe que la justicia es un laberinto inaccesible. El juez argentino, atado a la letra de la ley, suele refugiarse en el formalismo y evita innovar, lo que convierte al sistema en un mecanismo pesado y distante. La crítica es clara: la codificación, que debería ser garantía de certeza, se transforma en un obstáculo para la eficacia.
Estados Unidos, por su parte, se enorgullece de su sistema de common law, donde los precedentes judiciales son fuente primaria de derecho. Esa flexibilidad le da dinamismo y capacidad de adaptación, pero también abre la puerta a una excesiva judicialización de la vida cotidiana. Allí, cualquier conflicto puede terminar en tribunales, desde disputas vecinales hasta batallas corporativas multimillonarias. El ciudadano norteamericano vive el derecho como parte de su día a día, pero esa cercanía tiene un costo: la justicia se convierte en espectáculo, los juicios se transforman en arenas de persuasión y los fallos dependen muchas veces más de la habilidad retórica que de la verdad objetiva. El riesgo es evidente: un sistema que se adapta demasiado puede terminar siendo rehén de intereses que no tienen que ver con el derecho y de la presión mediática.
La Constitución refleja otra diferencia crítica. La nuestra, extensa y detallada, busca dar certeza, pero termina siendo un catálogo de buenas intenciones que no siempre se cumplen. La norteamericana, breve y abierta, obliga a interpretaciones constantes, lo que otorga poder desmedido a la Corte Suprema. En Argentina, la abundancia de normas convive con la ineficacia; en Estados Unidos, la escasez de texto convive con la discrecionalidad judicial. En ambos casos, el ciudadano queda atrapado entre promesas incumplidas y decisiones que muchas veces responden más a la política que al derecho.
El acceso a la justicia es otro punto de crítica. En Argentina, el proceso escrito y formalista aleja al ciudadano y lo condena a una espera interminable. En Estados Unidos, los juicios orales y los jurados populares acercan la justicia, pero la convierten en un espectáculo donde la verdad puede quedar eclipsada por la emoción o la manipulación. En uno, la justicia es distante y burocrática; en el otro, es cercana pero volátil. Ninguno logra el equilibrio entre eficacia y legitimidad.
La cultura jurídica también exhibe falencias. El argentino desconfía de las instituciones y percibe al derecho como un obstáculo más que como una herramienta. El norteamericano confía en el sistema, pero lo usa de manera casi compulsiva, judicializando cualquier conflicto. En ambos casos, el resultado es una justicia que no logra ser plenamente justa: en Argentina, por inaccesible; en Estados Unidos, por excesiva y desigual.
No se trata de elegir cuál sistema es mejor, porque ambos muestran sus sombras y sus aciertos. El argentino necesita romper con la rigidez y acercar la justicia al ciudadano. El norteamericano debería moderar su tendencia a convertir cada conflicto en un litigio y limitar el poder casi político de sus jueces. En definitiva, el derecho debería ser un puente entre el ciudadano y la justicia, pero en ambos modelos se convierte en un muro: en Argentina, por la burocracia; en Estados Unidos, por la judicialización desmedida.
La comparación no es un ejercicio académico, sino un llamado a la autocrítica. Argentina debe reconocer que su sistema, aunque codificado y ordenado, es ineficaz y distante. Estados Unidos debe aceptar que su flexibilidad, aunque dinámica, es peligrosa y desigual. Ambos países muestran que el derecho, cuando se aleja de su propósito esencial, se convierte en un espejismo: promete justicia, pero entrega frustración.