Liberarse de un sangriento dictador como Anastasio Somoza, significó el fin en Nicaragua de un periodo de autoritarismo, con perfil familiar y militarista, sumado a una dramática represión de disidentes protagonizada por la Guardia Nacional. Paralelamente se recuerda que a pesar de una evidente corrupción administrativa y de un control económico del Estado desde la familia del dictador, Somoza contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Pero este oscuro periodo de la historia nicaragüense que se prolongó por 42 años, finalizó con el triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979, y la promesa de sus líderes de "ordenar el país y dar libertades a sus ciudadanos". Sobre todo, con el llamado periódico a elecciones. Uno de los principales jefes de aquella revolución fue el comandante Daniel Ortega, figura clave del entonces Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Inmediatamente después pasó a integrar la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y en este último año fue elegido por primera vez presidente de la Nación hasta 1990. Se presentó en las nuevas elecciones esperando ser reelecto, pero fue derrotado por Violeta Barrios de Somoza, quien gobernó hasta 1997. Luego siguieron Arnoldo Alemán (1997-2002), Enrique Bolaños (2002-2007) y desde 2007 nuevamente Daniel Ortega, quien ya cumplió 19 años de concentración de poder incluyendo a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y desde 2025 como copresidenta de la Nación.
Las diferentes elecciones convocadas y ganadas por Ortega desde que recuperó la presidencia, es decir en 2011, 2016 y 2021, han sido siempre cuestionadas por sospechas en los recuentos de votos. Tanto que las protestas se hicieron cada vez más frecuentes y la crisis política se incrementó con marchas, manifestaciones y denuncias, precisamente, por fraudes electorales. Todo esto dio como resultado la emigración de más de 30 mil ciudadanos nicaragüenses, la persecución y arresto de opositores, junto a un claro acoso y persecución a la comunidad católica y el cierre de medios de comunicación. Esta crisis provocó que el comandante Ortega decidiera pasar a ser copresidente de la Nación, dada su avanzada edad, 80 años, compartiendo el ejercicio del poder con su esposa Rosario Murillo, desde el 18 de febrero de 2025. Para ello fue necesaria una reforma constitucional en el Congreso nicaragüense, creándose dicha figura del copresidente. Hasta ese momento, la esposa de Ortega, con la que tuvo siete hijos, fue vicepresidenta de la Nación durante ocho años.
En medio de toda esta situación irregular desde la óptica democrática, el 30 de diciembre de 2024 el juez argentino Ariel Lijo dispuso la captura internacional de Daniel Ortega, de su esposa, y de una docena de colaboradores por la "violación sistemática de derechos humanos" en Nicaragua.
Las diferentes elecciones convocadas y ganadas por Daniel Ortega desde que recuperó la presidencia han sido siempre cuestionadas por sospechas en los recuentos de votos. Las diferentes elecciones convocadas y ganadas por Daniel Ortega desde que recuperó la presidencia han sido siempre cuestionadas por sospechas en los recuentos de votos.
Pero la polémica más grande y que trascendió los límites del país llegando hasta el Vaticano, ha sido la constante persecución del Gobierno de los Ortega contra obispos y sacerdotes nicaragüenses por sus críticas ante la multiplicación de la pobreza y el hambre en la población. El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, que fue desterrado por el gobierno de Ortega, acaba de señalar en una reciente homilía desde su exilio en Estados Unidos, que las autoridades de su país "son ciegos que se obstinan en el mal que cometen y rechazan toda corrección; quienes creen que la paz se construye con violencia, y que los sistemas políticos son eternos". Báez, muy conocido en la ciudad de Florida, vive allí desde 2019 cuando fue amenazado de muerte por la dictadura nicaragüense y el propio entonces papa Francisco le pidió que no estuviera "un dia más en Managua" y que viajara a su actual exilio estadounidense. Se le acusaba desde el gobierno por hacer públicos errores de la dictadura del matrimonio Ortega y criticar desviaciones de ese gobierno en desmedro de los menos favorecidos. Cuatro años después de la salida de Báez de su país, el titular de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez, fue enviado a prisión en Managua, capital del país, hasta el 14 de enero de 2024 en que fue expulsado del territorio nacional junto a otros 17 sacerdotes. Inmediatamente fueron recibidos en Roma por el papa Francisco. Hasta ahora se han registrado formalmente 971 ataques documentados contra la Iglesia católica, con 266 religiosos expulsados, desterrados, exiliados o impedidos de ingresar al país. Además, los dos obispos, Báez y Álvarez, habían sido despojados de su nacionalidad nicaragüense en febrero de 2023, después de un proceso judicial. Los registros de estos hostigamientos contra la Iglesia de Nicaragua, sin precedentes en la historia del país, son investigados y seguidos rigurosamente por la abogada Martha Patricia Molina, según "Confidencial", medio independiente de Nicaragua que se ve obligado a trabajar desde el exterior del país por la persecución y cierre de periódicos.
