La informalidad laboral continúa expandiéndose en la Argentina y San Juan no escapa a una tendencia que amenaza la estabilidad económica y social de miles de familias. Según datos del segundo trimestre de 2026, el empleo no registrado alcanza al 45% de los trabajadores urbanos del país. En el Gran San Juan, la situación adquiere especial gravedad: el 83% de quienes trabajan por cuenta propia desarrolla su actividad en condiciones informales.
Las cifras, elaboradas a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y analizadas por organismos académicos, exponen una transformación preocupante del mercado laboral. La informalidad pasó del 41,4% a fines de 2023 al 45% en 2026, en paralelo con una pérdida de participación del empleo asalariado y un crecimiento del trabajo independiente. No se trata solamente de personas que buscan alternativas para generar ingresos, sino de una realidad que deja a una proporción creciente de trabajadores sin derechos ni protección social.
Es necesario precisar que el 83% corresponde exclusivamente a los cuentapropistas del Gran San Juan y no al conjunto de los trabajadores de la provincia. Sin embargo, la magnitud del indicador resulta suficientemente elocuente para advertir la profundidad del problema. El aglomerado sanjuanino figura entre los más afectados del país, detrás de ciudades como Formosa, Tucumán y Santiago del Estero.
Detrás de esta realidad aparecen múltiples factores: la escasez de empleos asalariados registrados, las dificultades económicas, el limitado acceso al financiamiento y la baja productividad de numerosos emprendimientos. Actividades como el servicio doméstico, la construcción, la gastronomía y el comercio concentran elevados niveles de informalidad, sectores que también tienen una incidencia significativa en la generación de trabajo.
Las consecuencias exceden largamente el presente. Quien trabaja sin registrar sus ingresos ni efectuar aportes previsionales puede enfrentar serias dificultades para acceder a una jubilación. También queda expuesto a la falta de cobertura adecuada ante enfermedades, accidentes o la pérdida de sus ingresos. Al mismo tiempo, la ausencia de contribuciones debilita los recursos destinados a sostener el sistema de seguridad social y profundiza las desigualdades entre trabajadores.
Frente a este panorama, no alcanza con contabilizar nuevos ocupados ni celebrar cualquier incremento de la actividad económica. El verdadero desafío consiste en generar empleo de calidad, con remuneraciones dignas, estabilidad y derechos efectivos. Para ello hacen falta inversiones sostenidas, reglas previsibles, capacitación y mecanismos que faciliten la formalización de pequeños emprendimientos sin desconocer sus dificultades.
En San Juan, donde la minería, la construcción, los servicios y el comercio ofrecen posibilidades de expansión, resulta indispensable que las oportunidades económicas se traduzcan también en puestos de trabajo registrados. La provincia necesita políticas coordinadas con la Nación, los municipios y el sector privado para ampliar las oportunidades laborales.
Conseguir trabajo es una necesidad inmediata; hacerlo en condiciones dignas es una garantía de futuro. Mientras la informalidad avance, el crecimiento económico será insuficiente para asegurar una sociedad más equitativa. El progreso no puede medirse únicamente por lo que produce una economía, sino también por los derechos que garantiza a quienes la sostienen.