La llegada al poder del presidente José Antonio Kast abrió en Chile una etapa de redefinición de la política económica y minera. Entre los primeros movimientos del nuevo gobierno se destacó la reorganización institucional del área productiva, con la decisión de unificar bajo una misma conducción los sectores de Economía y Minería. El mensaje es claro: la explotación de recursos estratégicos vuelve a ser una prioridad para la competitividad del país.
Dentro de esa agenda aparece ahora una discusión que lleva años sin resolverse. La necesidad de establecer una Ley de Glaciares. La propuesta, inspirada en el modelo argentino, apunta a ordenar el marco regulatorio que rige en la Cordillera de los Andes y, al mismo tiempo, generar condiciones más previsibles para el desarrollo de nuevos proyectos mineros vinculados al cobre y al litio.
Chile mantiene una posición dominante en la producción mundial de cobre, pero el desafío actual ya no pasa solamente por extraer más mineral. Los grandes yacimientos se encuentran cada vez a mayor profundidad, presentan leyes más bajas y demandan mayores costos operativos. En ese contexto, sostener la competitividad se vuelve tan importante como expandir la producción.
El litio representa otro frente estratégico. Los salares del norte chileno, especialmente en la región de Atacama, continúan siendo algunos de los depósitos de menor costo del mundo, lo que le otorga al país una ventaja comparativa clave en la carrera global por los minerales necesarios para la transición energética.
Sin embargo, el principal reclamo de la industria no está relacionado con el potencial geológico, sino con la complejidad del sistema de permisos. Desde hace años el sector minero sostiene que los procesos de aprobación ambiental y sectorial se han vuelto excesivamente lentos, costosos y fragmentados. Esa situación no solo retrasa proyectos, sino que también introduce un grado de incertidumbre que desalienta nuevas inversiones.
La discusión volvió a quedar expuesta recientemente durante la convención minera PDAC 2026, celebrada en Canadá, donde consultores y analistas dejaron un mensaje contundente: si Chile quiere seguir compitiendo por grandes capitales mineros deberá ordenar su propio debate sobre glaciares.
A diferencia de Argentina, el país trasandino no cuenta con una ley específica que establezca criterios claros. En su lugar existe un mosaico de normas y regulaciones que con frecuencia derivan en interpretaciones cambiantes, judicialización y discusiones legislativas que se repiten una y otra vez. En términos prácticos, reglas difusas que terminan afectando la previsibilidad de las inversiones.
La idea de avanzar hacia una nueva legislación no apunta a reducir los estándares ambientales. Por el contrario, el objetivo sería delimitar con mayor precisión qué se considera ambiente periglaciar y priorizar evaluaciones caso por caso basadas en la relevancia hídrica de cada área. De ese modo se podrían destrabar proyectos cuando no exista impacto significativo sobre los recursos de agua.
El debate de fondo, en realidad, es compartido por toda la región andina. Los glaciares son bienes públicos y reservas estratégicas de agua para las cuencas hidrográficas. Su protección resulta esencial para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
La clave estará en encontrar un equilibrio inteligente: preservar estos ecosistemas fundamentales sin bloquear oportunidades de desarrollo que, bien gestionadas, pueden contribuir al crecimiento económico y a la transición energética global. Chile, como potencia minera, no puede permitirse seguir postergando esa definición.