La decisión del Senado de convertir en ley la reforma del régimen de Zona Fría abre un nuevo escenario para miles de familias sanjuaninas que, hasta ahora, contaban con un descuento sustancial en sus facturas de gas. El beneficio, que alcanzaba a unos 120.000 usuarios de la provincia con rebajas de entre el 30% y el 50%, dejará de aplicarse automáticamente en buena parte del territorio.
El cambio supone retrotraer la ampliación dispuesta en 2021, cuando el régimen pasó de atender a las regiones históricamente consideradas frías —Patagonia, Puna y Malargüe— a incorporar a más de cuatro millones de hogares de distintas provincias, entre ellas San Juan. Ahora el criterio geográfico pierde buena parte de su vigencia y el subsidio se focaliza principalmente en la situación económica de cada hogar.
De acuerdo con el nuevo esquema, conservarán el beneficio quienes acrediten ingresos de hasta tres canastas básicas, unos 4,7 millones de pesos según los valores utilizados durante el debate, además de otros grupos contemplados por la norma, como personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Para una provincia donde el frío invernal no es una cuestión excepcional, sino una realidad que condiciona fuertemente el consumo energético, el cambio tendrá consecuencias concretas.
El problema no se agota en quienes perderán directamente el descuento. Incluso los habitantes de los departamentos sanjuaninos comprendidos en la Puna, donde el régimen histórico se mantiene, enfrentarán modificaciones. El subsidio dejará de aplicarse de la misma manera sobre los componentes de la tarifa y se concentrará en el costo de generación del gas, dejando afuera parte de los costos de distribución, de mayor incidencia en la factura final.
El Gobierno nacional sostiene que se trata de ordenar los subsidios y dirigirlos hacia quienes realmente los necesitan. Ese objetivo puede formar parte de una discusión legítima sobre la política energética. Pero también es necesario advertir que focalizar una ayuda no significa ignorar las características climáticas y territoriales de cada región.
La cuestión adquiere especial relevancia porque el alivio prometido para las provincias consideradas cálidas en materia de electricidad fue parte del entendimiento político que permitió avanzar con la reforma. Para San Juan, en cambio, queda la certeza de un beneficio que se reduce y la incertidumbre acerca de cuánto terminarán pagando los usuarios.
El impacto pleno probablemente se advierta durante el próximo invierno, cuando aumente el consumo y las nuevas facturas permitan dimensionar el alcance real del cambio. Será entonces cuando una decisión adoptada en el Congreso deje de ser una discusión legislativa para convertirse, directamente, en un asunto del bolsillo de los sanjuaninos.