La presidenta Cristina Fernández de Kirchner al denunciar en su último discurso por cadena nacional, un "intento evidente de destitución", redobló su embestida contra el Congreso y la Justicia. De hecho, la jefa del Poder Ejecutivo anunció que prefería desconocer a la Justicia que congeló el uso del Fondo del Bicentenario si eso implicaba la condena de la historia, por no pagar la deuda externa.
Es decir, que el Gobierno nacional pretende avanzar en sus planes como si la legitimidad de origen que tuvo la mandataria en 2007 y la urgencia expresada en el uso de las reservas para pagos externos, la habilitara a desconocer la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que establece la Constitución nacional. Las afirmaciones de la presidenta reflejan la concepción de democracia que predomina en su visión y en la de su esposo. Se trata de una versión presidencialista extrema que, lamentablemente, se aleja de la concepción democrática que la mayoría del pueblo argentino eligió como sistema político y en el que desea seguir viviendo. En realidad, la presidenta no quiere hacerse cargo del costo político de asumir el gasto público que su gobierno y el de su predecesor generaron. Basta un solo ejemplo para tener una idea.
Mediante una política demagógica, Néstor Kirchner y su esposa se negaron a mover las tarifas de los servicios públicos, generando una ficción de bienestar económico. En 2006 el monto total de los subsidios y préstamos al sector privado era de 8800 millones de pesos y en 2009 había trepado a los 33.334 millones. El incremento del gasto en subsidios fue de unos 6.323 millones de dólares. Es decir, casi el Fondo del Bicentenario o ahora del Desendeudamiento. Si no hubieran generado esta maraña de subsidios hoy dispondrían de ese dinero sin necesidad de tocar las reservas. Pareciera que la desesperación del Gobierno es que no existe el ánimo destituyente que denuncia. Por el contrario, eso no existe. El drama con el que se encuentran es que luego del resultado electoral adverso del año pasado, deben empezar a manejarse dentro de las reglas de juego de la República y eso los obliga a continuar en el cargo asumiendo el costo de los errores cometidos.
Es imperioso que el Poder Ejecutivo encauce su conducta dentro del imperio de la ley. Lo que está en juego es demasiado importante como para seguir ahondando la crisis y profundizando el desconcierto y rechazo de la ciudadanía, que el 28 de junio se expidió a favor del diálogo y de los consensos; es decir, por la esencia de la verdadera democracia y del auténtico arte del bien común que es la política, respetuosa de las decisiones del pueblo y de lo que establecen las leyes.