Los disturbios son moneda corriente en Managua.

Cuando le pregunté al presidente nicaragüense Daniel Ortega en una entrevista hace un par de semanas, cómo se siente cuando lo llaman dictador, se encogió de hombros y respondió -inmutable- que "he aprendido a no molestarme cuando escucho mentiras". Sin embargo, sus más recientes acciones contra la libertad de prensa en Nicaragua muestran que quienes lo llaman dictador podrían no estar diciendo mentiras.


El 14 de diciembre, la policía de Ortega allanó las oficinas del periodista independiente más conocido de Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, editor del semanario Confidencial y presentador del programa de televisión Esta Semana. La policía irrumpió en el edificio sin una orden judicial, y se llevó consigo computadoras y documentos privados, dijo Chamorro.


"Todavía están ocupando el edificio", me dijo Chamorro cuatro días después de la redada. "Fue una acción ilegal que violó la libertad de la prensa, la propiedad privada y la libre empresa".


Además de las oficinas de Chamorro, fueron ocupadas por la policía las instalaciones de más de media docena de organizaciones no gubernamentales, como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. La mayoría de ellas son de grupos que han alzado su voz contra el régimen de Ortega tras la brutal represión de las protestas antigubernamentales que dejó más de 325 muertos desde abril.


Las protestas exigían la renuncia de Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007 y ha acaparado poderes casi absolutos. Sus recientes elecciones han sido al estilo venezolano: utilizando todo tipo de triquiñuelas legales y recursos estatales para ganar.


Contrariamente a la afirmación de Ortega en la entrevista que le hice el 28 de julio en su residencia en Managua de que la economía del país se estaba encaminando hacia una "normalización" total, Nicaragua está descendiendo rápidamente al colapso económico. En el 2019, se espera que la economía caiga aún más, a una tasa de crecimiento negativa de entre -7 % y -10 por ciento.


Cerca de 120.000 nicaragüenses han perdido sus empleos desde abril, casi el 20% de la fuerza laboral del país, y esa cifra podría duplicarse el próximo año, dice Funides. Unos 50.000 nicaragüenses ya han huido hacia Costa Rica.


Presiones externas podrían hacer crecer las presiones internas sobre Ortega para que negocie un acuerdo con la oposición. Pero, a juzgar por la cara de piedra de Ortega cuando le pregunté si le molestaba que lo llamaran dictador, sospecho que tomará algún tiempo, y muchas penurias, convencerlo de que negocie un acuerdo político que conduzca a elecciones libres y a la reactivación de la economía. Me temo que antes de que las cosas mejoren en Nicaragua, se van a poner mucho peor.

Por Andrés Oppenheimer
Columnista de The Miami Herald y nuevo Herald, Miami, EEUU.