El presidente Maduro no debería pedir al Parlamento venezolano lo que a Hugo Chávez se le concedió en cuatro oportunidades: los poderes especiales para gobernar como se le antoja, sin el debido equilibrio institucional que un parlamento puede brindar a una nación en democracia. El mejor ejemplo de ese equilibrio republicano o tope institucional se puede observar claramente en estos días en el proceso de negociación entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y los legisladores republicanos de la Cámara baja para sacar a la nación de la paralización administrativa por la falta de presupuesto.
Maduro ya tiene bastantes privilegios para gobernar Venezuela (todavía no aclarados, tal las elecciones que ganó y su ciudadanía dudosa) como para pedir ahora mayores poderes por el término de un año y buscar afanosamente ese diputado 99 que necesita el chavismo para que vote a su favor y dejar a un presidente intocable y amo y señor de Venezuela.
Su excusa ante los diputados fue que tiene el deber revolucionario de combatir la corrupción capitalista, cuando todos saben que los mecanismos para combatir la corrupción, especialmente de los funcionarios públicos que de él dependen, ya están en su lugar, es decir legislados, y que solo falta algo de voluntad política para que esos mecanismos actúen.
La excusa de necesitar facultades legislativas extraordinarias para transformarse en un superhéroe anticorrupción, invocada por Maduro, es igual a la que usó Hugo Chávez las veces anteriores también impulsado por el poder discrecional. Es simplemente para aprobar leyes por decreto que se requieren para profundizar la revolución bolivariana, como bien admitió el presidente en uno de sus discursos recientes.
Es decir, crear mayores mecanismos de control para someter al país a los designios de su voluntad y de lo que le dictan desde Cuba sus asesores políticos e ideológicos. Por eso Maduro habló de instrumentar "’tribunales populares” para imponer una nueva ética política, luego de hablar sobre la existencia en el país de una burguesía apátrida, a la que ahora acusó de corromper a los funcionarios de la revolución bolivariana. O sea, culpó a los otros y justificó a los suyos.
Como dije en las oportunidades anteriores que se le otorgaron a Hugo Chávez poderes especiales y cuyas consecuencias se pudieron observar en los meses posteriores, y tras las acciones autoritarias tomadas por el ex presidente, esa asignación, por más amparada y justificada excepcionalmente que esté en la Constitución venezolana cuando no se usa por cuestiones de causa mayor, es simplemente un mecanismo para dar autogolpes institucionales. Es lo que parece buscar ahora Nicolás Maduro.