El objetivo del bloque oficialista de Diputados, de alcanzar el apoyo necesario para lograr la media sanción al proyecto de ley que regulará el sistema de medios audiovisuales, finalmente se logró.
Pero detrás de este resultado son muchas las objeciones que no se deben obviar. Lo sucedido en el Congreso es expresión del desapego a las normas, la debilidad del diálogo en la democracia argentina, la ausencia de una oposición coherente, y falta de predisposición para encontrar consensos que superen las posiciones contrapuestas. Es un proyecto que menoscaba garantías constitucionales básicas como la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y los derechos adquiridos.
Las transgresiones en el trámite parlamentario fueron innecesarias. Los diputados que no integran esas comisiones, y que son casi el 80% de la Cámara baja, no tuvieron tiempo ni de leer y menos evaluar el proyecto. Se obstaculizó el análisis y la posibilidad de mejorar el texto definitivo, aun cuando se mantuvieran las cuestiones de fondo del proyecto oficialista. Si es que contaban con una mayoría importante a favor de su proyecto, no se explica el porqué no se respetó el Reglamento de la Cámara y se aceptaran tiempos mínimos de reflexión parlamentaria.
Por su parte, la oposición abandonó el recinto tras denunciar irregularidades en el dictamen y en la conformación del quórum para la sesión, pero lo cierto es que demostraron equivocarse nuevamente. Con el individualismo como marca y con los recelos y pujas internas como sello, lo único que logran es debilitarse ellos mismos y darle poder a quien dicen haber vencido. Podrían haber cambiado la ley, pero al irse permitieron que el oficialismo votara con lo justo el artículo que obliga a las empresas a desprenderse de medios cuando exceden la cantidad de frecuencias autorizadas en el proyecto en el plazo de un año.
Resulta evidente que con todas las fallas que adolece este proyecto de ley, la actividad de los medios audiovisuales se transformará en un derecho sin la debida garantía.
La oposición no presentó otra alternativa que no fuera pedir que se postergara y que se ampliara el debate, pero no había propuestas superadoras del proyecto oficial, ni una posición firme para presentar soluciones razonables a los defectos de la propuesta gubernamental.
Las deficiencias en la protección de los derechos básicos quedarán a merced de las decisiones de los gobiernos, transgrediendo el artículo 32 de la Constitución Nacional.