El Ministerio de Economía abrió las ofertas técnicas para transferir el control de la empresa de agua y cloacas. El Ejecutivo apunta a recaudar cerca de US$500 millones y exige fuertes compromisos de inversión.
Dos consorcios quedaron en carrera por AySA.
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La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró este martes en una etapa decisiva. El Gobierno abrió las ofertas técnicas de los dos consorcios que finalmente se presentaron para competir por el control de la compañía, uno de los procesos más importantes dentro del programa de privatizaciones impulsado por Javier Milei.
Según informó el Ministerio de Economía, las propuestas serán analizadas antes de avanzar hacia la apertura de las ofertas económicas. El proceso contempla la venta del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado, mientras que el 10% restante continuará bajo el programa de propiedad participada de los trabajadores.
Uno de los oferentes es el Consorcio Rowing, integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX y Roggio Roas S.A. El segundo corresponde a otro consorcio encabezado por Roggio Roas S.A.U. junto con otros participantes, de acuerdo con la información difundida durante la apertura técnica.
Entre los nombres que venían apareciendo durante los meses previos estaban Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, la constructora Rowing y el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas. También se había mencionado el interés de compañías internacionales, aunque finalmente la competencia efectiva quedó reducida a dos propuestas.
Ahora comenzará la revisión de los antecedentes legales, técnicos, económicos, patrimoniales y financieros. Solo aquellos que superen esa instancia podrán pasar a la etapa en la que se conozcan los montos ofrecidos por las acciones.
El Ejecutivo estima que la operación podría aportar alrededor de US$500 millones, aunque la licitación no tiene un precio base público. Existe una valuación que funciona como referencia para el proceso, pero el monto final surgirá de la competencia entre los oferentes que queden habilitados.
El esquema contempla inicialmente la venta de al menos el 51% del capital a un operador estratégico, lo que le permitirá asumir el control de AySA. Posteriormente, el Gobierno prevé colocar en el mercado otro 39% de las acciones estatales.
La empresa presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en numerosos municipios del conurbano bonaerense, con una población atendida que ronda los 14 millones de personas.
La privatización no se limitará a la venta de las acciones. El contrato establece obligaciones importantes para quien termine quedándose con la empresa. Luis Caputo aseguró que el futuro operador deberá realizar más de US$2.000 millones de inversiones durante los primeros cinco años para ampliar y mejorar el servicio.
El Plan de Acción 2027-2031 contempla inversiones por $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, sin IVA. También fija metas de cobertura para 2031 del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Al terminar el período inicial de concesión, esos niveles deberán alcanzar como mínimo el 90% y el 75%, respectivamente.
La concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de una extensión adicional de hasta una década. Durante el primer ciclo tarifario, además, el esquema prevé mantener el nivel de las tarifas constante en términos reales.
La apertura estaba prevista originalmente para fines de agosto, pero el Gobierno decidió postergarla hasta el 15 de septiembre luego de que potenciales interesados solicitaran más tiempo para completar la documentación. Economía argumentó que la extensión buscaba favorecer una mayor participación y competencia.
El proceso también quedó atravesado por un frente judicial. Una cámara bonaerense confirmó recientemente una medida cautelar que impide reducir o modificar obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y la protección ambiental. Sin embargo, el fallo no anuló formalmente la privatización y envió la discusión de fondo a la Justicia federal.
Con solo dos propuestas finalmente presentadas, comienza ahora la etapa más sensible: determinar si ambas cumplen las exigencias del pliego y, posteriormente, cuánto está dispuesto a pagar cada grupo para quedarse con el control de una de las mayores empresas de servicios públicos del país.
