El gremio señala que más del 70% de los trabajadores rurales está en negro y reclama la prórroga del decreto que protege sus planes sociales.
José Voytenco, secretario general de la UATRE, durante su paso por San Juan, en el marco de la gira que el gremio lleva adelante por las provincias.
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El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, estuvo en San Juan en el marco de la gira federal que el gremio lleva adelante por distintas provincias del país. El recorrido, explicó el dirigente, responde a una decisión de la conducción nacional de fortalecer la presencia territorial de la organización y de que los secretarios nacionales tomen contacto directo con la realidad de los trabajadores en cada región.
Consultado por la situación del sector, Voytenco puso el acento en la informalidad laboral. Según indicó, el gremio realiza entre 4.000 y 5.000 fiscalizaciones por año en todo el país, y de ese relevamiento surge que más del 70% de los trabajadores rurales permanece en negro. En los operativos, agregó, también se detectan casos de explotación laboral, trata de personas y trabajo infantil.
Para el dirigente, ese diagnóstico convive con una etapa de buenos resultados productivos y comerciales para el agro. Sostuvo que el campo atraviesa producciones y precios “espectaculares”, con un mercado internacional que responde, pero remarcó que esa bonanza no se traduce en los ingresos de los trabajadores ni de sus familias.
Uno de los ejes centrales de la visita fue el reclamo por la renovación del Decreto 514/2021, la norma que permite a los trabajadores rurales temporarios o de prestación discontinua mantener planes y prestaciones sociales —como la Asignación Universal por Hijo, el programa Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar— mientras se desempeñan en un empleo registrado. El mecanismo busca evitar que un trabajador prefiera no blanquearse para no perder esa ayuda estatal.
El decreto, sancionado en agosto de 2021, fue prorrogado en 2023 por dos años y, en octubre de 2025, por un año más, hasta el 1° de septiembre de este año. Esa fecha llegó sin que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, oficializara una nueva extensión en el Boletín Oficial, pese a que la UATRE había elevado el pedido el 18 de agosto. Según el gremio, la falta de renovación deja en una situación de incertidumbre a unos 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país. Desde la cartera nacional señalaron que la prórroga se encuentra en trámite administrativo y que no habrá interrupción en el cobro de las prestaciones, aunque al cierre de esta nota la publicación oficial seguía pendiente.
Voytenco fue crítico con la demora. Sostuvo que, de no prorrogarse el decreto, buena parte de los trabajadores va a preferir no blanquearse para no perder los planes sociales, en un contexto de campañas cortas —de 90 a 120 días— tras las cuales quedarían sin esa asistencia. Eso, dijo, termina golpeando tanto a los productores que necesitan mano de obra para la cosecha como a los propios trabajadores, que engrosarían la informalidad.
Desde el sector empresario, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostiene una lectura distinta: entiende que la compatibilidad entre trabajo registrado y planes sociales ya habría quedado incorporada a la nueva Ley de Modernización Laboral, por lo que no sería necesaria una nueva prórroga específica del decreto. El gremio no comparte ese criterio y reclama, además, que el esquema deje de depender de una renovación administrativa anual y se establezca por ley.
Sobre el contraste entre la mejora de los ingresos del agro y la situación de las economías regionales Voytenco sostuvo que estas últimas “prácticamente están destruidas” y puso como ejemplo a la vitivinicultura de San Juan y Mendoza, a la que describió en retroceso. Reclamó políticas que fortalezcan y dinamicen las economías regionales, den valor agregado a la producción y aseguren mano de obra y oportunidades a los trabajadores, algo que, consideró, no forma parte hoy de la agenda del Gobierno nacional.
Ante la consulta sobre qué le recomienda a un trabajador rural en este contexto, Voytenco fue categórico: se debe ingresar a trabajar dentro de las normas laborales vigentes, blanqueado y con aportes previsionales, porque de lo contrario se resiente todo el sistema. Recordó que a nivel nacional hay unos 120.000 trabajadores que se desplazan de una economía regional a otra bajo el régimen de compatibilidad con planes sociales, y advirtió que si el decreto no se financia esa gente terminará trabajando en negro.
Sobre la incorporación de tecnología en el agro, el dirigente reconoció que se trata de un desafío tanto para los trabajadores como para el propio gremio. Dijo que la UATRE avanza en capacitaciones para que los trabajadores rurales puedan acceder a los puestos que hoy demanda un campo cada vez más tecnificado, que requiere mano de obra calificada y especializada.
