De esta manera, y luego de tres años de investigación que incluyó intervenciones telefónicas claves para las pesquisas, Walter Ricardo Bento, juez federal de Mendoza, desbarató y procesó con prisión preventiva a nueve integrantes de una banda acusada de defraudar al Estado mediante la obtención de tiras reactivas e insulina en nombre de afiliados del PAMI que, en los hechos, no consumían dichos productos.
La maniobra, con la que se estafó a la administración pública en un monto que rondaría los 50 millones de pesos, incluía, según el procesamiento, "su posterior reventa en el mercado informal obteniendo consecuentemente un beneficio económico", lo que prueba la logística de la que se nutrió la organización delictiva.
Jorge Godoy Resa es empleado del PAMI desde el 2009. Habría tenido conocimiento del procedimiento necesario para la autorización de las recetas y la liquidación de las mismas. Su mujer, Rosmary Lourdes Insua Blangetti, cotitular de las farmacias y de la droguería, es empleada de la delegación provincial de la ANSES. Ella habría permitido conocer los datos de los beneficiarios del PAMI y quienes se encontraban o no fallecidos, lo que además le permitía, según fuentes judiciales, la utilización de ese padrón para recetar medicamentos a afiliados fallecidos que ella en teoría debía dar de baja en los registros del organismo previsional.
Los demás integrantes de la familia que el juez Bento procesó por defraudación incluye a José Godoy Torres, contador de la banda delictiva y a Nélida Resa Brunato, padres de Jorge; a su hermano, Cristian Godoy Resa; a Carlos Augusto Colombi Miralles, ex agente del PAMI de Mendoza y "fundamental a los fines de la obtención de los datos"; a Esteban Genco Olmedo, también ex agente del instituto y empleado en una de las farmacias de la familia; a Miguel Fabio Acerbi Duje, titular de una de esas farmacias, y a Carlos Pallares García, "encargado de la última etapa de la maniobra". Pallares García recibía y distribuía los medicamentos en Córdoba.
Fuente: Infobae