El escándalo por el robo de costoso material quirúrgico de uso exclusivo en el hospital Guillermo Rawson se agrandó ayer con la captura de dos profesionales de peso que debían velar por el cuidado de esos y otros objetos (insumos, ropa) hallados ayer en la clínica privada Santa Clara. Y también con otra denuncia por el robo de 9.000 dosis de psicofármacos de un depósito de Salud Publica (ver página 9).

Ayer, los pesquisas que dirigen el comisario inspector Gregorio Díaz y el comisario Juan Sombra, apresaron en la clínica al médico cirujano Diego Basualdo y a la instrumentista quirúrgica Patricia Quevedo (debieron esperar a que terminaran de operar). El primero trabajaba en ambos centros sanitarios; Quevedo fue hasta hace poco jefa del turno tarde del Centro Quirúrgico del nosocomio público y ahora era jefa también en la clínica.

Para los pesquisas, Basualdo aparece más complicado pues ya en el primer allanamiento realizado el sábado en la clínica habían encontrado pinzas, tijeras y otros elementos para operar del Rawson en un recipiente con sus pertenencias, dijeron fuentes de la investigación.

Ayer, los investigadores volvieron a allanar la clínica privada por orden del juez Pablo Flores, y no sólo incautaron más material de acero quirúrgico, sino también otros insumos y ropa del hospital público.

Los investigadores sospechan que al menos Basualdo cobraba un plus por el servicio que prestaba a la clínica, al hacer figurar como suyo el material quirúrgico. Quevedo también cayó porque sabía que ese material era del hospital público.

Además del contundente secuestro del material, hay testimonios, documentos y otras pruebas que los complican. Y estiman que podría haber más implicados, incluso de la clínica.

El propio ministro de Salud Pública, Castor Sánchez Hidalgo, reconoció que el robo de material ‘quizá es más grande de lo que uno piensa’, pero anticipó también que la orden del Gobernador es llegar a fondo ‘ruede la cabeza que tenga que rodar’.

El jefe de la cartera de Salud había desplazado a Quevedo luego de una investigación interna que arrojó que ‘faltaban cosas’ en el área de cirugía. En su reemplazo puso a Teresa Monti, quien formalizó las sospechas sobre el manejo irregular en en área al cotejar el inventario.

Las sospechas que ya existían en Salud Pública se concretaron el último sábado, cuando los policías de la Primera recibieron un llamado anónimo para que vayan a un contenedor de basura de Alem y Cortinez, Capital, porque allí había un sobre que probaba el robo. Y así fue: hallaron tres objetos quirúrgicos y fotos del resto del material.

El juez ahora podría ordenar más detenciones.