"Es una sentencia totalmente injusta y arbitraria y sienta un grave antecedente para aquellas personas que cometen un error en su conducta y por primera vez tienen un conflicto con la ley. Mis clientes son personas de trabajo que jamás entraron a una comisaría ni siquiera a pedir un certificado, pero fueron tratados como si fueran barrabravas o consumados delincuentes, por un delito totalmente menor que permitía la probation o una pena en suspenso", dijo ayer César Jofré, molesto. Fue luego de que sus clientes, Juan Alberto Guerra (44, desempleado) y su hijo Francis Danilo (19) volvieran a ser condenados y enviados al Penal de Chimbas, culpados de haber herido a un funcionario, el director de Informática del Poder Judicial, Miguel Godoy, y su amigo Darío Ramírez, en medio de una discusión de tránsito el pasado 9 de mayo en el cruce de Ignacio de la Roza y Meglioli, Rivadavia.

Tan mal cayó la novedad en los Guerra, que el joven se desmayó en la sala de audiencias y su padre sufrió un pico de presión. Durante el juicio, ambos habían remarcado que no le deseaban a nadie lo que pasaron en la cárcel. Y el joven refirió un episodio en el que otro preso intentó matarlo con un palo y una punta. O el hecho de que su pareja por poco no perdió su embarazo por la forma en la que la requisaron.

Padre e hijo habían condenados en Flagrancia a 1 año de prisión efectiva días después del hecho en el que Gómez terminó con una fractura en su antebrazo izquierdo y su amigo con lesiones leves. Y pasaron 4 meses en la cárcel con delincuentes comunes, hasta que los jueces de la Sala III de la Cámara Penal los liberaron por entender que se habían cometido numerosos errores procesales y se habían tomado medidas sin fundamentarlas, como la ley ordena.

El tribunal incluso aseguró que por el tipo de delito que les atribuían (lesiones graves y leves) cabía una condena en suspenso (sin encierro) y debían haber recuperado la libertad apenas después de ser sometidos al proceso penal como imputados.

Días atrás se reinició el juicio y de entrada la fiscal Virginia Branca pidió que sean encerrados otra vez con prisión preventiva, pero el juez Ricardo Moine se opuso y, como dio su opinión, se apartó del caso. Los Guerra fueron entonces enjuiciados por el juez Carlos Lima, a quien la fiscal pidió que sean condenados a 1 año y 8 meses de cárcel efectiva. Y el magistrado le dio la razón, aplicándoles 1 año y 3 meses, con orden de ser encerrados en el acto, medida que se ejecutó después de llevarlos al hospital.

Jofré anticipó que buscará revertir la "injusta y arbitraria" decisión.