Un abogado cuestionó la actuación de la jueza Mónica Lucero y planteó una posible nulidad absoluta por presuntas irregularidades en el trámite de una recusación. La Fiscalía rechazó el planteo y lo calificó de dilatorio.
La audiencia de formalización de la investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum volvió a quedar en suspenso. Esta vez, el debate se concentró en un pedido de nulidad presentado por una de las defensas, que cuestionó el procedimiento seguido por la jueza Mónica Lucero en el tratamiento de planteos anteriores.
El planteo lo hizo el abogado Juan Pablo Ortega, representante legal junto con Nasser Uzair de los investigados Sergio Ruíz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez. El abogado Marcelo Fernández, defensor del senador Sergio Uñac, adhirió al planteo y sostuvo que podría existir una nulidad absoluta por una posible vulneración de las garantías constitucionales y del derecho de defensa. La discusión apuntó a la intervención de Lucero en una recusación y a la competencia para resolver ese tipo de cuestiones.
El cuestionamiento puntual de las defensas se originó en una segunda recusación presentada contra la magistrada de garantías, luego de una denuncia vinculada con su actuación en la causa. Según sostuvieron los abogados, Lucero rechazó ese pedido de apartamiento por sí misma, cuando correspondía que lo resolviera el Tribunal de Impugnación, es decir, otro magistrado. Para las defensas, al no derivar el planteo al órgano competente y decidir sobre su propia recusación, la jueza habría vulnerado el procedimiento previsto en el Código Procesal Penal y las garantías de imparcialidad y defensa en juicio. Por ese motivo, solicitaron que se declare la nulidad de lo actuado.
Desde el Ministerio Público Fiscal rechazaron el planteo. El representante fiscal, Sebastián Gómez, consideró que se trataba de una maniobra meramente dilatoria y advirtió que aceptar ese criterio permitiría que cualquier denuncia contra un magistrado o integrante de la Fiscalía derivara en un pedido de apartamiento.
La discusión sumó las posiciones de otros abogados, que expusieron sus argumentos sobre el trámite procesal y la posible afectación de garantías.
Con este nuevo planteo, la causa volvió a quedar atravesada por las discusiones entre las partes y todavía no se llegó a la formalización de los 11 investigados. El proceso, que debía avanzar sobre la imputación de los sospechosos por las presuntas irregularidades en la obra pública, continúa demorado por las cuestiones preliminares.
