Un abogado cuestionó la actuación de la jueza Mónica Lucero y planteó una posible nulidad absoluta por presuntas irregularidades en el trámite de una recusación. La Fiscalía rechazó el planteo y lo calificó de dilatorio.
La audiencia de formalización de la investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum volvió a quedar en suspenso. Esta vez, el debate se concentró en un pedido de nulidad presentado por una de las defensas, que cuestionó el procedimiento seguido por la jueza Mónica Lucero en el tratamiento de planteos anteriores.
El planteo lo hizo el abogado Juan Pablo Ortega, representante legal junto con Nasser Uzair de los investigados Sergio Ruíz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez. El abogado Marcelo Fernández, defensor del senador Sergio Uñac, adhirió al planteo y sostuvo que podría existir una nulidad absoluta por una posible vulneración de las garantías constitucionales y del derecho de defensa. La discusión apuntó a la intervención de Lucero en una recusación y a la competencia para resolver ese tipo de cuestiones.
El cuestionamiento puntual de las defensas se originó en una segunda recusación presentada contra la magistrada de garantías, luego de una denuncia vinculada con su actuación en la causa. Según sostuvieron los abogados, Lucero rechazó ese pedido de apartamiento por sí misma, cuando correspondía que lo resolviera el Tribunal de Impugnación, es decir, otro magistrado. Para las defensas, al no derivar el planteo al órgano competente y decidir sobre su propia recusación, la jueza habría vulnerado el procedimiento previsto en el Código Procesal Penal y las garantías de imparcialidad y defensa en juicio. Por ese motivo, solicitaron que se declare la nulidad de lo actuado.
Desde el Ministerio Público Fiscal rechazaron el planteo. El representante fiscal, Sebastián Gómez, consideró que se trataba de una maniobra meramente dilatoria y advirtió que aceptar ese criterio permitiría que cualquier denuncia contra un magistrado o integrante de la Fiscalía derivara en un pedido de apartamiento.
Con este nuevo planteo, la causa volvió a quedar atravesada por las discusiones entre las partes y todavía no se llegó a la formalización de los 11 investigados. El proceso, que debía avanzar sobre la imputación de los sospechosos por las presuntas irregularidades en la obra pública, continúa demorado por las cuestiones preliminares. La jueza ordenó un cuarto intermedio para el martes 17 de noviembre a las 14.30 para dar a conocer su resolución sobre el planteo de los abogados defensores.
El fiscal Sebastián Gómez, junto con su equipo de fiscales, pudo terminar el relato de los hechos este miércoles, tras el llamado de atención de la jueza Lucero por no cumplir con el principio de oralidad que requiere las audiencias en el Sistema Acusatorio. Luego de exponer la teoría del caso pidió las imputaciones para 10 de los 11 involucrados (Julio Ortiz Andino no se encontró presente por estar de viaje) y enumeró los elementos de convicción que permiten sostener la acusación. Además pidió por ser un "legajo complejo" el plazo de investigación penal preparatoria por dos años y las medidas coercitivas más leves para los acusados, como por ejemplo, someterse a la investigación.
Sobre las conductas que atribuye a los principales investigados, en el caso del senador Sergio Uñac, sostuvo que desde su rol al frente del Poder Ejecutivo (primero como vice y después como gobernador) habría influido para flexibilizar controles y procedimientos que permitieran la participación de Krah en las licitaciones, cuyo apoderado en San Juan tenía a un pariente suyo ya fallecido. El Ministerio Público encuadró provisoriamente su conducta en los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Respecto del diputado nacional Cristian Andino, la acusación se centró en su etapa como presidente de OSSE entre 2011 y 2015. Según la hipótesis fiscal, durante esa gestión se habrían modificado o flexibilizado exigencias técnicas y controles que terminaron favoreciendo la incorporación de la tecnología ofrecida por Krah y su participación en las licitaciones. La Fiscalía también vinculó esas conductas con una presunta administración fraudulenta y otros delitos relacionados con el ejercicio de la función pública.
En tanto, sobre Gustavo Mastelono, presidente y representante legal de Krah América Latina, la Fiscalía sostuvo que conocía las características técnicas de los productos ofrecidos por la empresa y que habría intervenido para conseguir modificaciones en los procedimientos que permitieran su participación. Su conducta fue encuadrada provisoriamente como partícipe necesario en el delito de defraudación por administración fraudulenta. Se trata de la hipótesis presentada por el Ministerio Público durante la formalización y no de una declaración de culpabilidad.
Humberto Gonzalo Caballero, actual juez laboral, fue señalado por su intervención en aquel entonces como funcionario de OSSE, en la elaboración de los pliegos de la licitación y por su participación en las comisiones de preadjudicación de varias licitaciones. Según la acusación fiscal, no habría formulado objeciones a las condiciones establecidas durante el proceso de contratación, pese a las irregularidades que posteriormente fueron cuestionadas.
La Fiscalía también le atribuyó haber emitido un dictamen desfavorable que habría dejado fuera de competencia a otra empresa, a partir de información que, según sostuvo, no era verídica. Para los investigadores, existía documentación que contradecía lo expuesto en ese informe y que habría sido omitida. Por estas conductas, fue señalado como partícipe necesario de una presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Juan Carlos Caparrós estuvo al frente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019. De acuerdo con la imputación, durante su gestión tenía conocimiento de las fallas y pérdidas que presentaban las tuberías, así como de los problemas registrados en el sistema de electrofusión utilizado en la obra.
Pese a esa situación, la Fiscalía sostuvo que no habría requerido medidas a las autoridades ni al fabricante para solucionar los inconvenientes. Por el contrario, habría impulsado la contratación directa de una consultora para analizar el proyecto y asesorar a OSSE, con el costo económico que eso implicaba para el Estado.
La acusación encuadró su conducta en los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor.
Guillermo Sirerol presidió OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. Según la Fiscalía, durante ese período tenía conocimiento de las fallas que presentaban las tuberías, pero no habría adoptado medidas para resolverlas.
Uno de los puntos centrales de la acusación está relacionado con un convenio que suscribió con una UTE (conjunto de empresas). En ese acuerdo, según la exposición fiscal, se reconocieron las deficiencias y la falta de resultados de la tecnología utilizada, aunque no se habría aplicado ninguna sanción a la empresa contratista.
Además, la Fiscalía cuestionó que se avanzara con la reinstalación de las tuberías y la firma de un nuevo convenio por 250 millones de pesos, una decisión que habría ocasionado un perjuicio a las arcas provinciales.
Por estos hechos, Sirerol fue imputado por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos delitos en carácter de autor.
Juan Antonio Sánchez, quien se desempeñaba como funcionario técnico de OSSE, también quedó alcanzado por la investigación debido a su intervención en los procedimientos licitatorios.
De acuerdo con la acusación, participó en la elaboración y confección de los pliegos de las licitaciones y formó parte de las comisiones de preadjudicación de los procesos. Para la Fiscalía, su intervención habría sido relevante en el desarrollo de los procedimientos que terminaron bajo sospecha.
En ese contexto, fue señalado como partícipe necesario de la presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación contra Francisco Javier José Correa se centró en su actuación como funcionario técnico y auditor de OSSE. Según expuso la Fiscalía, intervino en ambas licitaciones y no habría formulado objeciones en el procedimiento correspondiente a la licitación a pesar de haber irregularidades y fallas.
Además, le atribuyeron haber omitido advertir las deficiencias de las tuberías y la falta de aptitud de los materiales utilizados. Para los investigadores, esas omisiones tuvieron relevancia en el desarrollo de las maniobras investigadas.
Su conducta fue encuadrada como participación necesaria en la presunta defraudación por administración fraudulenta y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el caso de Rolando Vicente Caruso, la Fiscalía le atribuyó haber intervenido en el proceso de elaboración de la licitación, que, según la hipótesis acusatoria, habría sido direccionada en favor de la empresa vinculada a la tecnología cuestionada.
También le imputaron haber permitido la incorporación de una disposición mediante una circular, pese a los cuestionamientos sobre su vigencia. Para el Ministerio Público Fiscal, su actuación habría contribuido a las irregularidades detectadas en el procedimiento de contratación.
Por ese motivo, fue señalado como partícipe necesario de la presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sergio Fabián Ruíz fue presidente de OSSE desde diciembre de 2015 hasta comienzos de 2019. Su imputación se relacionó con distintas decisiones adoptadas durante la etapa inicial del proyecto.
Según la Fiscalía, tuvo una participación activa en la elaboración del pliego de la licitación y habría facilitado la intervención de integrantes del departamento jurídico en ese procedimiento.
Otro de los puntos señalados fue la entrega en locación a la empresa Krah de un predio de aproximadamente 900 metros cuadrados en la planta potenciadora de Marquesado. Para los investigadores, Ruíz habría otorgado ese espacio sin verificar ni exigir el cumplimiento de las prestaciones comprometidas por la firma, que, según la acusación, nunca se habrían realizado.
La Fiscalía consideró que estas conductas podrían configurar defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En los tres casos fue señalado como autor.
Sobre el ex ministro de Infraesctructura no se conoció los cargos, ya que no estuvo presente en la audiencia por un viaje que tenía de antemano. Su imputación será en otra audiencia por decisión de la magistrada.
