Tras los cambios que impulsó el macrismo a la ley del Impuesto a las Ganancias, la Corte de Justicia local ya les venía descontando el tributo a los magistrados designados desde 2017, pero que venían por fuera del Poder Judicial, es decir, que eran litigantes. Y luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la deducción comenzará a aplicarse a todos aquellos que fueron nombrados desde ese año, pero que están dentro de la carrera judicial, o sea, que asciendan de cargo, como los secretarios que subieron a jueces. Lo que ahora estudiarán en el máximo tribunal sanjuanino es cómo y cuándo se instrumentará la detracción, señaló el secretario Administrativo, Javier Vera. En este último escenario se encuentran siete magistrados, sin contar los funcionarios (secretarios y prosecretarios) que también están alcanzados por el impuesto.

En líneas generales y aunque no hayan voces públicas, en la Justicia local hay malestar y hasta resignación por la decisión de los supremos de levantar la cautelar que justamente frenaba el pago de Ganancias para los que se encuentran dentro del Poder Judicial y deciden escalar peldaños. Es que el descuento será grande y, dependiendo de las situaciones personales y laborales de cada contribuyente, habrá casos en los que el ascenso implicará en la práctica una reducción salarial, que inclusive los dejará por debajo del sueldo del cargo que tenían. Fuentes calificadas dieron un ejemplo. Si un juez de Cámara (de la llamada segunda instancia) compitiera y ganara un lugar en la Corte (de hecho, hay dos vacantes), terminará percibiendo menos de lo que cobraba como camarista. En números, un cortista embolsaba en septiembre alrededor de 180 mil pesos y un juez de Cámara, 150 mil. Si este último ascendiera, con la detracción del impuesto ganaría 130 mil pesos, indicaron las fuentes. Un punto que deberá tener en cuenta cualquier interesado sobre esa situación.

Y lo mismo sucederá con los concursos que están en marcha para juez y fiscal de Cámara Penal. En ambas competencias hay anotados 11 magistrados de primera instancia y en algunos de ellos reina la duda sobre continuar en el proceso frente a ese nuevo escenario. En definitiva, la crítica que prima es que la aplicación del tributo corta la carrera judicial.

Los que estarán en la grilla de partida en el pago del impuesto son los magistrados de Flagrancia: el juez Eduardo Raed, el fiscal Iván Grassi y el defensor oficial Facundo Gil. Los tres venían como secretarios de primera instancia. A ellos se les suma el juez de Jáchal, Javier Alonso, quien era prosecretario penal en la Segunda Circunscripción, y la jueza laboral Guillermina Podestá de Oro, quien era secretaria en ese fuero. Y también están los casos de la camarista civil Elena De la Torre y el camarista laboral Mariano Ibañez, quienes habían sido jueces de primera instancia.

El inciso 5 del artículo 1 de la ley 27.346, sancionada en diciembre de 2016, incorporó a la ley del impuesto a las Ganancias, en el rubro de cuarta categoría, a "los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive". En San Juan el cobro del tributo empezó con los que venían por fuera de la Justicia (ver recuadro) y ahora será el turno con los de carrera.

Reclamo
En abril salió a la luz que un secretario de primera instancia de los Juzgados de Flagrancia presentó un amparo y solicitó una cautelar para frenar el descuento ante la AFIP y que le restituyan las sumas que le retuvieron. El juez federal lo rechazó.

Fallo
En su resolución, la Corte Suprema sólo se expidió sobre la cautelar que frenó el pago de Ganancias para los funcionarios y magistrados de carrera. No dijo nada sobre la cuestión de fondo, la cual deberá ser resuelta por el juzgado que intervino.

Los que debutaron con el pago del tributo

Tras la sanción de la ley, la Corte llevó a cabo la implementación del descuento por el impuesto a las Ganancias para los magistrados y funcionarios designados desde 2017. De esa manera, el tributo impactó primero en los jueces Ricardo Moine, Carlos Lima y Ricardo Grossi; los fiscales Adrián Riveros, Virginia Branca e Ignacio Achem; los defensores Alejandro Martín García, Lisandro Zapata y Daniel Montiel. Todos pertenecen al procedimiento de Flagrancia. A ellos luego se sumaron el defensor oficial en Jáchal, Franklin Sánchez; los jueces de Paz Adrián Cuevas, de Valle Fértil, Silvina Salvá Mendoza, de Caucete, y Verónica Montero, de Santa Lucía. Y en último lugar se incorporó la camarista civil María Eugenia Varas. Todos ellos tienen en común que vienen por fuera del Poder Judicial, es decir, eran litigantes particulares o cumplían funciones en reparticiones de Gobierno. Los de carrera judicial, nombrados como magistrados desde 2017, no pagaban Ganancias debido a la cautelar que presentó la Asociación de Magistrados, ya que señalaban que aquellos que ascendieran iban a terminar percibiendo menos de lo que venían cobrando. La asociación planteaba el tributo para los ingresantes.