La Corte de Justicia sancionará hoy al juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, con una suspensión de 30 días sin goce de haberes. La medida obedece a la auditoría que se realizó sobre su juzgado y que arrojó demoras e irregularidades en el manejo de más de 60 expedientes. El magistrado habló anoche con este medio y aseguró que no opondrá resistencia a la resolución, ya que dijo que "acataré lo que resuelva" el máximo tribunal. En el abanico de castigos no se descartaba el pedido de un jury de enjuiciamiento, pero la Corte optó por la suspensión.

La sanción quedó en manos de la Sala III de Superintendencia de la Corte, conformada por Abel Soria Vega, Guillermo De Sanctis y Adolfo Caballero. La misma comenzará a aplicarse hoy mismo y se extenderá por 30 días corridos. En ese lapso, fuentes calificadas señalaron que integrantes del máximo tribunal citarán a Flores para hablar con él y exigirle que ponga al día el juzgado. En ese marco, se lo obligará a que fije un plazo para sanear y normalizar la situación, además de tener encima auditorías de control.

La investigación interna contra el titular del Segundo Juzgado de Instrucción se disparó luego del escándalo por el caso del ginecólogo Carlos Martínez, a quien Flores procesó por un abuso sexual, resolución que quedó firme, pero cuya causa no fue elevada a juicio y prescribió, aunque la misma ahora está en disputa.

La auditoría no sólo se había ajustado a ese hecho sino que había abarcado un análisis extenso del juzgado. Y en ese control salieron a la luz otros seis expedientes por delitos contra la integridad sexual. Dichos casos son los más sensibles, sobre todo si hay niños involucrados, por lo aberrante de la situación y porque una rápida actuación evita que el autor siga cometiendo el abuso contra el o la misma damnificada o que el ataque mude hacia otras víctimas. La investigación puso de ejemplo una situación llamativa. Desde que tuvo conocimiento del caso, a Flores sólo le tomó once días llevar a cabo una prueba clave, como la videograbación a la víctima, cuando en los restantes expedientes por ataques sexuales tuvo demoras de hasta tres meses para realizar dicho procedimiento, según habían revelado fuentes calificadas.

En esas causas, agregaron, inclusive no habría habido indagatorias y en otras no habría habido definiciones, como procesamientos o sobreseimientos.

En el resto, entre los que hay delitos como robos, robos agravados por el uso de armas, se ha interrogado a los sospechosos, pero no hay fallos definitivos, por lo que han ido a archivo; otros en los que no hubo ni siquiera indagatorias y no tuvieron movimientos, y algunos procesamientos que no fueron elevados a juicio, entre los que figuraría un homicidio, entre otros.

De acuerdo a la auditoría, las anomalías reflejarían la ausencia de mando y liderazgo en el juzgado, ya que hubo cuestionamientos sobre quién elabora las directivas de turno para la Policía, si el juez armó un plan de tareas internas y cómo supervisa al personal. Según había trascendido, el magistrado habría liberado detenidos en las comisarías a través de llamados telefónicos sin avanzar en las causas, pese a que las calificaciones legales no permitirían la excarcelación.

Flores tuvo la posibilidad de hacer su descargo y presentó un documento con más de 200 hojas con sus respuestas, que no convenció a la Sala de Superintendencia de la Corte.

Si bien Flores zafó de un pedido de jury, la suspensión que le aplicaron es la más alta y contempla que no perciba su haber por los 30 días. El sueldo mensual de un juez está por arriba de los 120 mil pesos.

El magistrado anoche manifestó que "acataré lo que resuelva la Corte. Si es esto lo que resolvió, lo cumpliré. Se lo dije al máximo tribunal cuando empezó la auditoría".
 

El estallido  

La auditoría se generó cuando salió a la luz que Flores había procesado al ginecólogo Carlos Martínez por abusar sexualmente de una paciente, resolución que había quedado firme, pero que no fue elevada a juicio y prescribió. En eso trascendió que el juez había sido defensor del médico, por lo que debería haberse apartado de intervenir cuando le ingresó la causa. No obstante, Flores le tomó otra declaración a la denunciante de Martínez y lo procesó por una figura más dura: abuso sexual gravemente ultrajante, con lo que sacaría al expediente de la extinción por el paso del tiempo. Sin embargo, el defensor oficial Carlos Reiloba apeló, ya que entendió que el juez no debió indagar a su defendido por un delito más grave porque no se desprendió un hecho nuevo que empeorara la situación procesal.

Otros casos

En el Séptimo Civil

La jueza María Elena Videla enfrenta un sumario en el que el instructor le formuló cargos por su presunta conducta inadecuada con el personal y la mora judicial. Ya inició el trámite jubilatorio.

En el Tercero Laboral

La jueza laboral Mónica Rodríguez ya había sido advertida por la falta de sentencias en más de 100 expedientes. Pese a ese panorama, la magistrada resolvió algunas y el retraso continuó.