El Ejecutivo sostuvo que ya cumplió con la cautelar sobre salarios y becas universitarias y pidió al juez Martín Cormick que deje sin efecto la intimación y el apercibimiento de astreintes.
Financiamiento Universitario: el Gobierno apeló la intimación judicial y pidió que no se apliquen multas.
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El Gobierno nacional apeló la intimación judicial que le había otorgado cinco días para cumplir de manera total con la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y pidió que se deje sin efecto la posibilidad de aplicar multas. La presentación fue realizada el viernes ante el juez Martín Cormick, a quien el Ejecutivo sostuvo que ya cumplió con las obligaciones establecidas por la medida.
La estrategia procesal contempla dos instancias. El Estado presentó primero un recurso de revocatoria ante el propio Cormick y dejó planteada una apelación en subsidio para el caso de que el magistrado mantenga la intimación. Por ese motivo, el expediente todavía no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Desde el Gobierno señalaron que la presentación ratifica que el Poder Ejecutivo cumplió con la medida cautelar y que se acompañó documentación para respaldar esa posición. Sobre esa base, también solicitaron que se descarte cualquier eventual aplicación de multas.
El planteo oficial responde a la resolución que Cormick dictó el 22 de septiembre, cuando consideró que no existía un cumplimiento total de la cautelar que se encuentra firme. Por esa razón, intimó al Ejecutivo a completar las obligaciones pendientes en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
La defensa del Estado cuestionó principalmente que el magistrado no haya precisado qué parte de la cautelar considera incumplida. Según el escrito presentado por Nación, el Ejecutivo ya había informado el 21 de septiembre las medidas adoptadas y la nueva resolución no identifica qué obligación adicional debería ejecutar.
La cautelar establece la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero contempla la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de negociaciones paritarias periódicas y un mecanismo de actualización. El segundo establece una recomposición de los programas de becas para estudiantes.
En relación con los salarios, el Gobierno sostiene ante la Justicia que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 acumularon un 226,8% durante el período utilizado como referencia. Con ese cálculo, Nación afirma que la recomposición superó la variación del IPC del 226,46% que considera correspondiente entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
El Ejecutivo también incorporó las negociaciones salariales desarrolladas durante 2026. Según su presentación, en junio otorgó una recomposición y en septiembre volvió a convocar a los gremios a paritarias, donde propuso un incremento adicional del 3%. Los sindicatos universitarios cuestionan el cálculo oficial y sostienen que todavía existe una recomposición pendiente.
El conflicto judicial también incluye el cumplimiento relacionado con las becas estudiantiles. El Ministerio de Capital Humano presentó documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue elevado este año a $187.495.
Al mismo tiempo, el Estado mantiene una interpretación restrictiva respecto de cuáles son los programas alcanzados por la cautelar. Ese punto forma parte de las diferencias que todavía persisten entre la posición oficial y la interpretación judicial sobre el alcance de la medida.
Otro de los puntos centrales de la presentación son las astreintes. La defensa estatal sostuvo que no corresponde aplicar este tipo de sanciones económicas al Estado Nacional y pidió que Cormick revoque tanto la intimación como el apercibimiento de multas, al considerar que el cumplimiento de la cautelar ya fue acreditado.
Además, el Ejecutivo planteó qué debería ocurrir si el juez rechaza su recurso de revocatoria. En ese caso, pidió que la apelación subsidiaria sea concedida con efecto suspensivo, de manera que la intimación no continúe ejecutándose mientras la Cámara analiza el planteo.
La discusión actual no pone nuevamente en debate la vigencia de la cautelar original. La medida que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario fue dictada en diciembre de 2025, posteriormente confirmada por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado.
Lo que se encuentra bajo discusión ahora es si el Gobierno cumplió efectivamente con esa cautelar y si corresponde mantener la intimación y aplicar multas. Para sostener su postura, Nación presentó documentación vinculada con transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y programas de becas.
En paralelo, el Ejecutivo busca mantener abierta una negociación con rectores y gremios universitarios durante el debate del Presupuesto 2027. La intención oficial es alcanzar un entendimiento sobre salarios y financiamiento que permita encauzar la discusión y modificar el escenario del litigio.
Ahora, el próximo paso estará en manos de Cormick. Si acepta la revocatoria, podrá dejar sin efecto la intimación. Si la rechaza, deberá resolver sobre la apelación subsidiaria y determinar si la concede con el efecto suspensivo solicitado por el Gobierno. Solo en ese último escenario el planteo quedará en condiciones de ser revisado por la Cámara.
