Tras horas de tensión, el oficialismo y bloques aliados del Senado lograron posponer esta tarde la sesión pensada para mañana, en medio de pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No cambia en casi nada la situación: el jueves 25 se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá lidiar con eso -y una potencial moción de censura, si no satisface a la oposición- antes del informe que se tiene agendado para esa fecha.
La resolución del asunto tuvo dos instancias. Pasadas las 16, la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
En medio de diversas opiniones y una senadora que se fue ofuscada del encuentro, se arribó a un entendimiento sobre el final del convite, mientras otros legisladores ya aguardaban al resto de líderes de bloque, en Labor Parlamentaria. Al borde de la desprolijidad. Allí, oficialismo y dialoguistas se impusieron ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto en las próximas horas. Una especie de auto convocatoria. Con el entendimiento y el sendero definido, el cristinismo bajó las armas.
La interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 voluntades. A esta altura queda más que claro que el número parece blindado. Por eso se relegó el informe del jefe de Gabinete. Asistirá a la Cámara alta, pero para enfrentar desde el inicio un complejo ida y vuelta con la oposición y, en caso de no surfear esa ola, una moción de censura el mismo 2 de julio. El primer paso tendrá que concretarse la semana próxima, algo que se da por descontado.
Por otra parte, Bullrich aprovechará esta ventana para ver si consigue, de cara al jueves 25, cerrar el demorado proyecto sobre propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aliados ya le desplumaron la iniciativa y reclaman más cambios. Grueso error de la porteña haber apurado un dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General.
Que Adorni no ejecute primero su informe de gestión no podrá convertirse en motivo de queja para la Casa Rosada: el funcionario anunció días atrás, en una red social, que asistiría el 2 de julio. Para ello, tendría que haber enviado la conformidad y predisposición al Senado, con bloques que lo esperan desde mayo último. Recién anoche lo hizo y hartó a dialoguistas, que no pretenden gastar energía en ayudar al mileísta.
De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios. Tras lo pactado en Labor, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo. A fin de cuentas, el recinto es soberano y tiene la potestad final sobre sus decisiones.
En la sesión de la semana que viene aparece en fila la ley “Hojarasca”, otro reclamo de Sturzenegger. Tras horas y la falta de un puñado de firmas, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y la iniciativa quedó lista para ser sancionada. Diputados la aprobó en mayo pasado.