1 de septiembre de 2026 - 15:10

Un diputado del PJ presentó un proyecto para ayudar a las familias a salir del sobreendeudamiento

El diputado nacional sanjuanino Cristian Andino impulsa un Régimen Nacional de Protección del Consumidor Financiero para prevenir el endeudamiento excesivo y facilitar la reestructuración de las deudas de consumo.

El diputado nacional por San Juan Cristian Andino presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Nacional de Protección del Consumidor Financiero, Prevención del Sobreendeudamiento y Reestructuración de Deudas de Consumo, con el objetivo de brindar herramientas concretas a las familias argentinas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

La iniciativa propone un cambio de enfoque: prevenir que las familias lleguen a situaciones de mora irreversible y generar mecanismos que permitan ordenar y reestructurar sus deudas cuando su capacidad de pago se encuentre seriamente comprometida.

Como representante de San Juan, el diputado Andino puso especial atención en una problemática que afecta a miles de familias de la provincia y que, al mismo tiempo, tiene alcance nacional.

“No podemos dejar sola a una familia cuando las deudas empiezan a llevarse una parte cada vez mayor de sus ingresos. El crédito tiene que ser una herramienta para progresar, no una puerta de entrada a una situación de la que después sea imposible salir”, sostuvo el legislador.

El proyecto establece que las entidades financieras, emisores de tarjetas, proveedores no financieros de crédito y plataformas digitales deberán avanzar hacia un otorgamiento responsable del crédito, evaluando previamente la capacidad económica de quienes solicitan financiamiento.

Además, incorpora mayores exigencias de información y transparencia, para que los consumidores puedan conocer de manera clara el costo real de los créditos, las tasas, los intereses y los cargos asociados.

Uno de los principales ejes de la iniciativa del legislador sanjuanino es la creación de un procedimiento de reestructuración de deudas de consumo, destinado a personas que, actuando de buena fe, ya no pueden afrontar sus obligaciones sin comprometer los recursos indispensables para su subsistencia y la de su grupo familiar.

El proyecto establece que los acuerdos de reestructuración deberán procurar que la cuota mensual resultante no supere el 40% de los ingresos netos mensuales acreditados del consumidor, además de contemplar plazos de al menos 12 cuotas y condiciones de financiación sostenibles.

También se plantea la eliminación de intereses punitorios, cargos administrativos y penalidades generadas exclusivamente por la mora hasta la celebración del acuerdo.

“La respuesta no puede ser que una persona que se atrasó una vez termine atrapada en una deuda que crece todos los meses. Queremos generar una salida razonable: que el acreedor pueda recuperar su crédito y que la familia pueda volver a cumplir sin poner en riesgo su alimentación, su vivienda o sus necesidades básicas”, explicó Andino.

El procedimiento propuesto será gratuito y confidencial, y contemplará una instancia de negociación entre deudores y acreedores para alcanzar acuerdos compatibles con la capacidad económica de cada persona.

El proyecto también incorpora mecanismos de prevención. Cuando una entidad detecte un deterioro significativo en la capacidad de pago de un consumidor, deberá ofrecer alternativas de adecuación, refinanciación u otras herramientas de asistencia antes de que la situación se transforme en una mora más grave.

Para Andino, “llegar tarde siempre es más costoso. Si podemos detectar que una familia está teniendo dificultades y ofrecerle una solución antes de que la deuda se vuelva impagable, ganan las familias, ganan los acreedores y gana todo el sistema financiero”.

La iniciativa contempla además el fortalecimiento de la educación financiera, con programas destinados a que los ciudadanos puedan comprender mejor los productos financieros, evaluar el costo de endeudarse y tomar decisiones económicas informadas.

El diputado nacional remarcó que el sobreendeudamiento dejó de ser un problema individual para convertirse en una cuestión económica y social que requiere herramientas legislativas de alcance federal.

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