A poco de ponerse en marcha, el protocolo que permite el acompañamiento de pacientes terminales con Covid-19 hay seis pedidos, informaron desde el Ministerio de Salud Pública. A su vez, autorizaron una solicitud, en este caso es una persona sin coronavirus pues así también lo permite la normativa que empezó a regir desde el 27 de agosto, cuando fue publicado en el Boletín Oficial. Por otro lado, hay 20 nuevos casos y el total asciende a 327; en tanto que tres adultos mayores fueron dados de alta y ya son 25 los recuperados, de acuerdo al parte diario.

El protocolo humanitario basado en el derecho de decir adiós permite que pacientes que atraviesan un proceso grave o estado crítico puedan tener en sus últimos momentos de vida la posibilidad de contacto con personas de su entorno familiar más íntimo.

Las gestiones vinculadas a personas internadas en terapia intensiva Covid hasta ahora han sido seis, a la vez que los familiares del último fallecido (un hombre de 94 años) no pudieron acceder al protocolo pues justamente se encontraban en aislamiento por coronavirus, indicó la ministra Alejandra Venerando en Estación Claridad.

También dijo que el tiempo que los allegados pueden permanecer como acompañantes, siempre respetando a rajatabla las medidas de seguridad, es relativo. "Depende de la situación, pero no podemos permitir una cantidad de gente que genere una circulación no habitual en la terapia. Deben ser casos puntales y tiempos prudentes", señaló.

• Duro castigo por hacer una fiesta

Los 13 jóvenes que el fin de semana pasado hicieron una fiesta clandestina en Caucete, epicentro de los contagios que obligaron regresar a Fase 1 y acumula más de 300 personas con coronavirus en San Juan, fueron condenados a ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, una dura pena pues por causas similares venían aplicando probation. ¿La razón? Que la infracción se produjo en etapa de cuarentena estricta, explicaron desde Flagrancia.

Si bien estos jóvenes no irán a la cárcel, la condena queda como un registro prontuarial que puede afectarlos de acá a 10 años, cuando se borre de los antecedentes. Así, podrán estar complicados si cometen otro delito y eventualmente puede cerrarle las puertas a determinados puestos laborales o pedidos de visa, por ejemplo.