La bancada oficialista de Cambiemos en la Cámara de Diputados buscará avanzar el próximo martes en el diseño de un dictamen para reformar la Ley de Alquileres, con el propósito de bajar el costo que representa para los inquilinos la firma de los contratos de locación, en sintonía con el pedido del presidente Mauricio Macri, de contar con una nueva norma que proteja a los inquilinos.

Así lo reveló ayer a la agencia oficial de noticias Télam el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, al señalar que convocará a ese cuerpo asesor el martes para analizar un despacho en base al proyecto aprobado por el Senado en el 2016, otra iniciativa de su autoría y las propuestas del Gobierno nacional.

Los ejes centrales de la iniciativa del Gobierno nacional apuntan a la extensión de los contratos a tres años como propone el proyecto del Senado. La iniciativa prevé que se podrán usar garantías bancarias. Establece además que se podrá actualizar cada 6 meses el valor del alquiler en base al coeficiente de variación salarial. Finalmente busca que la comisión de la inmobiliaria la pague sólo el propietario.

También plantea eliminar las multas que se aplican a los inquilinos que rescinden el contrato en forma anticipada cuando faltan meses para concluir el acuerdo entre el propietario.

La intención del oficialismo es aprobar con modificaciones el texto votado por el Senado antes de fin de mes o en los primeros días de noviembre, por lo cual se iniciarán conversaciones con los senadores para que se pueda convertir en ley antes de fin de año.

Macri pidió avanzar en una reforma de la ley de alquileres porque "desde hace décadas no hay una nueva ley" y señaló que el objetivo "es cuidar a todos aquellos que alquilan, y sienten que también les falta previsibilidad". En ese sentido, Lipovetzky (Cambiemos) afirmó que "son muy importantes los anuncios que hizo ayer el presidente Macri" para que los argentinos tengan una nueva ley de alquileres". "Es un orgullo que apoye el trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Legislación General con organizaciones de inquilinos y diputados de los distintos bloques que permitirá a más de 7 millones de argentinos bajar los costos del alquiler", añadió.

Por su parte, la diputada radical Brenda Austin respaldó los anuncios del Gobierno a través de la red social Twitter al señalar que "el acceso a la vivienda digna es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución. Cumplirlo supone que el Estado brinde opciones para poder llegar al sueño de la casa propia".

El Senado aprobó en el 2016 un proyecto de ley en base a una iniciativa de la legisladora kirchnerista Silvina García Larraburu y propuestas de organizaciones de inquilinos y en Diputados se avanzaron con reformas que ahora se plasmarán en un nuevo despacho para ser aprobado y girado al Senado entre fines de octubre y noviembre.

La reforma mejora las condiciones de acceso al alquiler, fortaleciendo el mercado formal. Además, se amplía la posibilidad de utilizar otras opciones de garantías, como la bancaria, más allá de la propietaria.

 

El detalle de las medidas

ProCrear: El plan anunciado por el presidente Mauricio Macri establece, entre otros, un nuevo llamado del Plan ProCreAr Casa Propia y Construcción. Para esto se destinarán 10 mil millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El subsidio, no va a ser más de capital, sino en la tasa y en el terreno para la construcción. También se actualizan los montos máximos para subsidio y crédito del ProCreAr Ahorro Joven.


Mejor Hogar:

La iniciativa Mejor Hogar, se relanza en coordinación con los créditos Anses para mejoramiento, ampliación y refacción del hogar. Se proyecta dar cerca de medio millón de créditos y descuentos del 5% al 20% en corralones de todo el país, para la compra de materiales y productos para el hogar. Además, se otorgarán créditos son de hasta 80.000 pesos para jubilados y beneficiarios de AUH.

Construcción: Para facilitar la construcción de viviendas en el país, se dará impulso para desarrolladores vía exención de IVA, impuesto a los débitos y créditos, ganancias e ingresos brutos (sujeto a adhesión de las provincias). En este punto, se prevé exención de IVA (vía devolución de crédito fiscal) para proyectos de viviendas de hasta 140.000 UVAs (unos 100.000 dólares a precio de hoy). Se busca promover la construcción de 60.000 viviendas con estos beneficios en 4 años. También se contempla el crédito intermedio a desarrolladores contra boleto de compraventa, y seguros de caución para que puedan acceder al financiamiento intermedio. En tanto, se procederá a la licitación de tierra pública (AABE) para la construcción y uso de recursos del Fonavi como fondo de garantía para otorgar crédito a las pymes constructoras provinciales. Se habilita al Fonavi a invertir en el fideicomiso de vivienda social.

Previo al Consenso Fiscal de 2017, el dinero del Fonavi era de libre disposición. Ahora el objetivo es que el sistema de financiamiento de desarrolladores se apalanque en estos fondos así puede haber más viviendas con el mismo monto total.

En 2015, los fondos del Fonavi eran de $11 mil millones. Para 2019 se prevé que esa cifra ascienda a $24 mil millones, lo que permitirá la construcción de 60 mil viviendas sociales.