La reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el presidente Javier Milei y aprobada la semana pasada en el Senado, entró en una etapa decisiva en la Cámara de Diputados. Este miércoles, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales acordó la realización de audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, en un contexto en el que el oficialismo reconoce que aún no cuenta con los acuerdos necesarios para convertir el proyecto en ley.
La iniciativa —que habilita la actividad minera en zonas de glaciares y periglaciares— cuenta con media sanción del Senado, pero enfrenta resistencias en Diputados. Ante ese escenario de votos ajustados, el bloque de La Libertad Avanza aceptó el pedido opositor de abrir instancias de participación ciudadana no vinculantes, tal como lo establece la ley de ambiente, mecanismo que había sido omitido en la Cámara alta.
Las audiencias se desarrollarán en el auditorio del Anexo de Diputados y permitirán exposiciones de hasta cinco minutos, con inscripción previa. Podrá participarse tanto de manera presencial como remota, a través de la plataforma Zoom.
El diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) defendió la modalidad acordada y explicó que la doble jornada busca ampliar la participación sin dilatar indefinidamente el tratamiento del proyecto. “Creo que cumplimos con el requisito federal, sin necesidad de que se traslade ni la comisión y que las personas que no puedan viajar a la Cámara de Diputados puedan hacerlo por Zoom”, sostuvo.
Mayoraz logró desactivar un planteo de la oposición que pretendía replicar las audiencias en distintos puntos del país y postergar el debate sin fecha cierta. A cambio, el oficialismo incorporó un segundo día de exposiciones. “Es más federal de esta manera: puede hablar desde cualquier localidad”, argumentó el legislador santafesino.
Desde los bloques opositores cuestionaron tanto el contenido del proyecto como la estrategia política del Gobierno. La diputada de Unión por la Patria, Lucía Cámpora, lanzó duras críticas y acusó al Ejecutivo de escuchar únicamente a los sectores interesados en la reforma. Según afirmó, el Gobierno ya oyó “a los únicos que les interesa escuchar”, entre ellos las empresas mineras, el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.