En Ezeiza. Jaime está detenido desde el 2 de abril de 2016, en el marco de la causa por la compra de trenes a España y Portugal.

 

El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, acordó ayer un juicio abreviado con la fiscal Gabriela Baigún, con lo cual cumplirá una condena de cuatro años, pagará casi 13 millones de pesos y además será desapoderado de un barco, seis inmuebles y dos autos, que serán destinados al Estado.

El acuerdo es por cuatro causas en las que está involucrado Jaime: una por enriquecimiento ilícito, otra por corrupción en el Belgrano Cargas y dos por peculado, informaron fuentes judiciales. El convenio será oficializado en los próximos días y homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6).

Con este acuerdo, logrado con la defensa del detenido, el exfuncionario de la gestión kirchnerista reconoce su enriquecimiento ilícito. La pena de 4 años será mayor para Jaime, porque debe unificarse con la condena actual de 8 años de prisión por los juicios de Once y otros fraudes. Jaime se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza.

Además de Jaime aceptaron el acuerdo otros 16 implicados, a quienes también se decomisarán los bienes y deberán pagar multas que, según cálculos realizados en el ámbito judicial, se aproximan a los 40 millones de pesos en total.

Entre ellos aceptó el juicio abreviado Manuel Vázquez, excolaborador de Jaime, quien además acordó una pena en suspenso para su hijo Julián Vázquez. Por ello pagará casi 13 millones de pesos y, en su caso, la prisión será de tres años.

En la causa por enriquecimiento ilícito, el juez federal Sebastián Casanello dispuso en junio del año pasado que una embarcación de Jaime, denominada "Altamar 64" que había sido embargada, sea entregada al Ministerio de Seguridad, para su uso en "la lucha contra el crimen organizado".

Por otra parte Jaime comenzará a ser juzgado en los próximos días por la compra de material ferroviario a España y Portugal, que resultó ser inservible. En la causa se investiga la compra, entre 2005 y 2012, de material ferroviario a un valor "por demás oneroso", según la Cámara Federal.

Los delitos se habrían concretado con la compra de material rodante "caro y viejo" a empresas, por algo más de 100.000.000 de euros.

Fuente: Télam