Foto:
En la antesala de una sesión decisiva, el Gobierno cerró este miércoles acuerdos con bloques aliados para introducir modificaciones en la Ley de Glaciares, que será debatida este jueves en el Senado. En la Casa Rosada admiten que el número es “muy justo”: necesitan 37 votos para darle media sanción y cualquier cambio de postura podría hacer caer la iniciativa.
El oficialismo asegura contar con las voluntades necesarias, aunque reconoce que tanto el PRO como la UCR votarán divididos. Las miradas están puestas sobre el flamante bloque peronista Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. La designación de Moisés como vicepresidenta de la Cámara Alta fue leída como un gesto político en medio de la negociación.
También genera incertidumbre el voto de la senadora chubutense Edith Terenzi, quien aún no reveló públicamente su posición. En la UCR, algunos legisladores evalúan acompañar en general y plantear objeciones en particular durante el tratamiento artículo por artículo.
La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe actividades extractivas en glaciares y ambiente periglacial, al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce. El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei busca priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, y habilitar proyectos internacionales.
El eje central de la reforma es permitir la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan función hídrica. Actualmente, esa posibilidad está vedada. Con la modificación, la determinación de la relevancia hídrica quedará en manos de las provincias, que tendrán mayor poder para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.
Desde La Libertad Avanza defendieron la iniciativa en redes sociales: “Es una oportunidad histórica. La minería trae millones a la Argentina”, señalaron, en línea con la agenda reformista del oficialismo.
Según pudo saberse, las últimas modificaciones introducidas al dictamen original —que estaba en tratamiento desde diciembre— no alteran la estructura de fondo, pero suman agregados en artículos clave.
En los artículos 6 y 7 se incorporó que quedan prohibidas actividades que impliquen daño ambiental en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y que las evaluaciones deberán cumplir con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688, que exige monitorear calidad y caudal de agua afectados.
Para el abogado ambientalista Enrique Viale, esos cambios son “cosméticos” y constituyen una “redundancia legislativa”, ya que toda norma debe cumplir con las leyes vigentes. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la mención explícita de la Ley 25.688 limita el margen de discrecionalidad de las provincias mineras.
Otro punto modificado establece que la relevancia hídrica de un glaciar deberá constatarse sobre la base de estudios técnico-científicos. Sin embargo, críticos advierten que la redacción no precisa alcances ni estándares de esos estudios.
El proyecto también mantiene el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el IANIGLA, pero abre la puerta a que las provincias determinen que un glaciar no tiene relevancia hídrica. En ese caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales debería excluirlo del inventario.
Uno de los aspectos más sensibles del debate es la definición de qué se considera cuenca hidrográfica y qué zonas cumplen función de recarga de agua, un punto técnico que podría inclinar voluntades en una votación donde cada voto cuenta.
Con un escenario ajustado y negociaciones abiertas hasta último momento, el oficialismo confía en que este jueves logrará avanzar con una reforma que redefine el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo minero en la Argentina.