El ex secretario de la Legal y Técnica del kirchnerismo, Carlos Zannini, continuará en prisión. La Cámara Federal de Casación rechazó este jueves tratar su pedido de excarcelación. Ni siquiera accedió a discutir esta cuestión.
 

Zannini, detenido en el penal de Ezeiza, está acusado de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA tras la firma del Memorándum con Irán.
 

Para la Justicia está comprobado que junto a Cristina Kirchner, y otros diez imputados, ayudaron a los "prófugos (del atentado de la mutual judía) a sustraerse del proceso donde se los imputó de haber cometido un crimen de lesa humanidad que ocasionó la muerte de un significativo número de víctimas", además de una importante cantidad de heridos.
 

Así quedaron desairadas por ahora las versiones que aseguraban que el ex secretario podría obtener su libertad, sobre todo después de la excarcelación de Amado Boudou.
 

El pedido de excarcelación se produjo cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el delito de traición a la Patriacontra los imputados, que había dispuesto el juez Claudio Bonadio.

En su momento, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que en el marco de la investigación "no encaja en la calificación discernida, pues aún si se entendiera comprendido el atentado terrorista contra la sede de la AMIA en el concepto de 'agresión' (idea ampliamente desarrollada por el magistrado de primera instancia), lo cierto es que la respuesta de los poderes políticos argentinos no fue bélica".

Por ello, el abogado Mariano Fragueiro Frías pidió la excarcelación de Zannini, al considerar que su detención "no correspondía" con el delito de encubrimiento y que "no había riesgos procesales", ya que la investigación fue clausurada por el magistrado al solicitar su elevación a la querella que solicite a juicio oral.
 

La Sala de Feria de la Cámara Federal porteña rechazó el pedido y planteó que la acusación contra Zannini y los demás imputados, aún representan una "especial gravedad", al tratarse de actos "consumados bajo la autoría de algunas de las más altas autoridades políticas del país para ayudar a prófugos a sustraerse del proceso donde se los imputó de haber cometido un crimen de lesa humanidad que ocasionó la muerte de un significativo número de víctimas de la población local, además de una importante cantidad de heridos", remarcó el juez Farah.