En un gesto sin precedentes, el pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió ayer en Rosario, el corazón caliente de la violencia narco, con más de 100 jueces federales y fiscales de todo el país para dar una fuerte señal de apoyo a los magistrados locales que investigan el narcotráfico, enviar un mensaje al Gobierno nacional y exhibir una muestra de unidad interna del máximo tribunal.

En el encuentro organizado por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) en la Universidad Nacional de Rosario, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, aseguró ayer que "la decisión política de los tres poderes del Estado es fundamental" para enfrentar al narcotráfico, y llamó a dar una "batalla cultural y educativa" en pos de "la cultura del trabajo, el respeto al prójimo y la inclusión social" como parte de esa pelea.

Más de 100 miembros del Poder Judicial se mostraron junto al Procurador General interino, Eduardo Casal, representantes de la Corte santafesina, el gobernador Omar Perotti y legisladores nacionales por esta provincia en un acto de apoyo a las autoridades judiciales.

Para Rosatti, "no se puede combatir con éxito el narcotráfico sin una batalla cultural previa, sin un Estado consolidado, sin una sociedad comprometida". El jefe de la Corte sostuvo que "estos factores deben estar acompañados por una decisión política muy firme, muy clara, muy contundente. De lo contrario, cualquier esfuerzo puede naufragar". En ese sentido, señaló que "la decisión política no debe limitarse a brindar las herramientas para combatir el delito cuando este ya se ha consumado", sino que "debe partir de mucho antes".

Así, mencionó como factores claves para abordar el problema "la inclusión social, la cultura del trabajo y el respeto por el prójimo". Rosatti también reclamó al Consejo de la Magistratura, que ahora preside, la cobertura de vacancias, que en la Justicia Federal de Rosario supera el 30% de los cargos existentes.

"No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces", dijo, a la vez que anunció "la instalación de un salón multimedia con la última tecnología" en la Justicia Federal de Rosario, el segundo en el país además del que existe en Casación.

El titular de la Corte aseguró que el acto de hoy en Rosario "no lo hicimos para sacarnos una foto"; reclamó la protección estatal de jueces y fiscales que abordan causas por narcotráfico; y sostuvo que "la cárcel no debe controlar la calle", en referencia a las personas condenadas que continúan ligadas al delito desde el Servicio Penitenciario.

A su turno, el vicepresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien participa de la Comisión de Narcotráfico del tribunal, planteó la necesidad de "hacer un diseño de una política integral o sistémica y permanente" contra el mercado ilegal de comercio de estupefacientes.

Afirmó que el país lleva "más de una década sin políticas de Estado" en esa materia y que "el problema central es que cada uno mira o resuelve una parte, y nunca logramos entender el todo".

Como solución a esa fragmentación, Lorenzetti propuso la creación de "una agencia" integrada por distintas áreas del Poder Ejecutivo, el Judicial, las provincias y los municipios, que "esté por afuera de las urgencias y con el propósito de encaminarse a una solución del narcotráfico".

El ministro de la Corte aseguró que "la buena noticia es que esto se está logrando" porque "acá no hay divisiones" y "todos acordamos que hay un problema superior a cada una de las partes, y también que es necesario crear una especie de agencia".

La mayoría de los oradores del encuentro, convocado bajo la consigna "Juzgamiento del narcotráfico", coincidieron en la necesidad de reforzar la Justicia Federal, tanto en materia de cargos como de infraestructura.

El vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, recordó que "hace 43 años" no se crean juzgados ni fiscalías en Rosario, cuando "de hecho ni existía el narcotráfico, por lo menos como lo conocemos hoy". Dijo que "hoy padecemos el 35% de vacancias en la jurisdicción" y reclamó la aplicación del sistema acusatorio, que hoy sólo funciona en las provincias de Salta y Jujuy.

Pineda remarcó "la necesidad extrema de que se consensue un plan común de seguridad de todos los partidos políticos, de todos los poderes del Estado" y que el mismo "se mantenga a largo plazo, 10 años como mínimo, y trascienda a los gobiernos".

• 103 homicidios en lo que va del año

El principal problema que atraviesa Rosario desde hace una década, vinculado al tráfico y comercio de estupefacientes, radica en la violencia empleada por las organizaciones criminales que disputan ese mercado ilegal. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, de los 103 homicidios ocurridos en la ciudad en lo que va del año, el 84,6% fueron cometidos con armas de fuego; el 20,5% tuvo como víctimas a chicos de entre 15 y 19 años; y el 61,9% tuvo como contexto las disputas entre "organizaciones criminales" por porciones de mercado de la "economía ilegal".

Mensajes de miedo

El miércoles a la noche inquietó a los rosarinos una serie de mensajes y audios que circularon en redes sociales donde se advertía de posibles ataques en el marco de la jornada judicial de la Corte. Por eso, se redobló la seguridad.