Con una casi igualada cantidad de votos a favor y en contra de la ley, comenzó a las 11.23 la histórica sesión en la Cámara de Diputados para debatir la despenalización y legalización del aborto, en una jornada que será maratónica y que tendrá un final abierto y electrizante.



Se estima que el debate, uno de los más importantes desde el retorno de la democracia, durará alrededor de 20 horas y la sesión culminará en la mañana del jueves. El proyecto reúne 125 votos en contra y 125 a favor, de acuerdo con un sondeo.


Además, resta conocer la postura de 6 indefinidos, entre los que se encuentra ni más ni menos que el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, quien deberá terciar en caso de empate. Hay además una abstención, la de José Riccardo (UCR).



En las últimas horas la definición de muchos de los legisladores indecisos achicó la brecha, producto de que la mayoría de ellos se inclinó por el sí. Restan definirse los formoseños Gustavo Fernández Patri e Inés Lotto (FpV-PJ), el tucumano Facundo Garretón (Pro), la cordobesa Alejandra Vigo (Córdoba Federal) y el propio Monzó.



Arrancó el debate como miembro informante el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, quien aclaró que la discusión “no se trata de salvar las dos vidas, se trata de salvar miles de vidas”.



“La legalización del aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas y creo que a partir de ahí no debe haber ninguna duda hacia dónde tiene que estar nuestro voto”, señaló. Asimismo, afirmó que “no hay ningún artículo de nuestra Constitución que prohíba la legalización del aborto” y que desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU “nunca se le dijo a ningún Estado miembro de la ONU que la interrupción voluntaria del embarazo violaba una convención internacional”. Y añadió que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “el embrión no puede ser considerado persona”.



Desde la otra vereda, pero también en el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, aseguró que el proyecto en discusión “no promueve ninguna política; la única que se promueve es la de la muerte, no hay otra. Hablan de miles y miles de vidas que se van a salvar. Y las miles y miles que no van a poder iniciar siquiera, ¿qué va a pasar con ellas? ¿O tenemos que pensar que ese ser que está naciendo no es persona?”, se preguntó.



“Hemos visto que en algunos países en donde esta práctica se ha implementado, se ha utilizado esto en contra de las personas con discapacidad”, señaló, advirtiendo que “vamos a seleccionar seres humanos”, alertando sobre la potestad de establecer quiénes tienen derecho o no a nacer, “porque este proyecto lo habilita”.



La presidenta de la Comisión de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy), fue otra de los miembros informantes en el histórico debate sobre el aborto y destacó que “esto se trata de una problemática de salud pública”. A su juicio, la manera de bajar la cantidad de abortos “es la despenalización”.



Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud, que rechaza la interrupción voluntaria del embarazo, aseguró que “legalizar el aborto no es el único camino a tomar para evitar muertes de las mujeres”.



Desde el kirchnerismo, Mónica Macha sostuvo que “no importa lo que hacemos nosotros ni lo que creemos religiosamente; importa sí que esto implica la muerte de muchísimas mujeres en la Argentina todos los años y que de no legalizar el aborto esas muertes se van a seguir produciendo”. Agregó que “importa también que nos podamos ubicar como un Estado laico, que es lo que somos, y entonces pensar que las distintas creencias religiosas son parte de nuestra cultura y para muchas personas pueden ser discurso e instituciones fundamentales, pero no lo son para todos y para todas”.



La iniciativa tiene como eje el texto original presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero se consensuaron modificaciones a fin de seducir a los indecisos.



El punto principal, que permaneció inalterable, consiste en permitir el aborto a simple demanda hasta la semana 14, y superado ese plazo, se habilita la práctica en casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la gestante, o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.



Además, se incorporó la objeción de conciencia individual; se agregó la creación de consejerías integrales no obligatorias pre y post aborto; y en el caso de las menores de 16 años se remite al artículo 26 del Código Civil, donde se presume que la mujer “tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.



Otro punto importante del dictamen es que se sanciona con pena de prisión de entre tres y diez años al médico que obre sin consentimiento de la mujer; y con penas de entre tres meses y un año si realiza el aborto a partir de la semana 15, sin consentimiento de la gestante -salvo si se verifica alguna de las causales antes citadas-.