25 de septiembre de 2026 - 18:20

Buscan prohibir los locales de explotación sexual en todo el país y endurecer las condenas por trata

Dos diputadas nacionales presentaron un paquete legislativo para combatir la trata de personas y la explotación sexual, impulsando la clausura definitiva de whiskerías, cabarets y alquileres temporarios utilizados con ese fin en todo el país.

Las diputadas nacionales Carolina Basualdo y Alejandra Torres (integrantes del bloque Provincias Unidas por la provincia de Córdoba) presentaron un paquete legislativo integral orientado a fortalecer las herramientas del Estado contra la trata de personas y la explotación sexual. Las iniciativas combinan la prohibición absoluta de locales nocturnos de alterne a nivel federal, estrictas medidas de control digital y un endurecimiento histórico de las escalas penales.

La propuesta legislativa busca replicar y federalizar los antecedentes regulatorios implementados en Córdoba desde 2012, advirtiendo que la falta de un marco uniforme en todo el país facilita el desplazamiento de las redes delictivas hacia jurisdicciones con menores controles.

Clausura definitiva de whiskerías y control digital

Uno de los ejes centrales del proyecto establece un marco normativo nacional para prohibir en jurisdicción federal los establecimientos de explotación sexual bajo cualquier modalidad. La medida alcanza de forma directa a:

  • Whiskerías, cabarets y clubes nocturnos.
  • Locales de alterne y agencias de acompañantes.
  • Casas de masajes con oferta sexual.
  • Inmuebles de alquiler temporal que sean utilizados con dichos fines.

La normativa prevé la clausura inmediata, definitiva e irredimible de los locales constatados, así como la nulidad de cualquier acto administrativo que hubiera autorizado su funcionamiento. Asimismo, se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la norma y a suprimir tasas o tributos municipales que graven estas actividades.

En paralelo, el proyecto incorpora una dimensión digital:

Asistencia a víctimas: Establece que ante operativos de clausura, toda persona en situación de vulnerabilidad o sin acreditación de identidad será presumida como víctima de trata y derivada a los mecanismos oficiales de asistencia.

Educación y prevención: Propone integrar contenidos específicos sobre trata, captación digital y grooming dentro de la currícula de la Educación Sexual Integral (ESI), sumado a la difusión obligatoria de la Línea 145.

Endurecimiento de penas en el Código Penal

La segunda pata del paquete legislativo avanza sobre una reforma de los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, con el objetivo de subsanar lo que las autoras califican como escalas penales insuficientes frente a la gravedad del delito:

  • Pena básica: Se eleva de la escala actual (de 4 a 8 años) a un rango de 6 a 12 años de prisión.
  • Agravantes: Las sanciones trepan de 10 a 20 años cuando medien violencia, engaño, abuso de vulnerabilidad o complicidad de funcionarios públicos.
  • Explotación consumada: Fija una escala de 15 a 20 años de cárcel.
  • Víctimas menores de 18 años: La pena prevista asciende de 18 a 25 años de prisión.

Desde el bloque fundamentaron que este incremento no solo castiga con mayor severidad a los eslabones de las redes delictivas, sino que reduce las posibilidades de acceder a beneficios procesales y amplía los plazos de prescripción en investigaciones complejas, contemplando el trauma y el temor que suelen demorar las denuncias de las víctimas.

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