Una auditoría interna encontró acreditaciones indebidas de haberes entre julio de 2022 y enero de 2026. Hay 23 personas identificadas y la Justicia Federal investiga la maniobra.
La Armada Argentina denunció maniobras ilegales con el pago de sueldos.
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La Armada Argentina denunció ante la Justicia Federal una serie de irregularidades en el pago de haberes que, según una investigación interna, derivaron en 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88. La maniobra habría ocurrido entre julio de 2022 y enero de 2026 y, hasta el momento, hay 23 personas identificadas entre militares, civiles, jubilados y personas que no tenían vínculo con la fuerza.
La presentación penal fue realizada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, luego de una auditoría que comenzó a partir de inconsistencias detectadas en los sueldos. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
El caso salió a la luz en febrero de 2026, durante una revisión de los haberes correspondientes a enero. En ese momento, cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían. Los importes fueron reintegrados y la Armada decidió ampliar el análisis hacia períodos anteriores para determinar si se trataba de errores aislados o de una operatoria sostenida.
La investigación encontró diferencias entre las liquidaciones de haberes, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco Nación. En algunos casos aparecieron pagos que no figuraban en las liquidaciones, importes incluidos en los lotes bancarios que luego no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones destinadas a personas cuyo vínculo con la Armada no estaba registrado.
De acuerdo con la denuncia, las irregularidades se producían en un tramo especialmente sensible del circuito de pago. Los controles habituales se realizaban sobre las liquidaciones, pero posteriormente determinados registros podían ser modificados antes de que los archivos fueran enviados al Banco de la Nación Argentina.
Según consta en el expediente, esas modificaciones permitían elevar determinados importes o incorporar pagos que no tenían respaldo en haberes legítimamente liquidados. Después, los registros eran restituidos a sus valores originales, de modo que las modificaciones no quedaban reflejadas en los recibos disponibles en el sistema Haberes-Web.
De esta manera, un archivo enviado al banco podía ordenar una acreditación diferente a la que posteriormente figuraba en el recibo de sueldo. Para los investigadores, la reiteración de los pagos, la existencia de beneficiarios recurrentes y las modificaciones realizadas después de los controles permiten descartar, en principio, que se tratara solamente de errores administrativos.
La auditoría estableció hasta ahora un perjuicio de $981.148.567,88, aunque fuentes vinculadas con el expediente señalaron que el monto podría ser mayor. Esa estimación, que llevaría el perjuicio hasta unos $1.500 millones, todavía no forma parte de la presentación judicial.
Entre las 23 personas identificadas aparecen militares en actividad y retirados, personal civil, jubilados y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada. Estas últimas concentraron $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del total de las acreditaciones irregulares detectadas.
La denuncia detalla que una persona de apellido Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Otro de los beneficiarios recibió 47 pagos por $99.496.225,47; una tercera persona, 46 acreditaciones por $91.978.048,38; y una mujer recibió 45 por $90.466.948,33. En conjunto, las cuatro personas recibieron 184 acreditaciones.
Prieto es esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y aparece como uno de los principales señalados en la denuncia.
Durante el sumario administrativo, Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones realizadas a las cuatro personas ajenas a la fuerza y sostuvo que los pagos eran cargados manualmente. De acuerdo con el expediente, también manifestó que conocía a los beneficiarios, los montos y las operaciones realizadas. La Justicia deberá determinar ahora el alcance penal de esas declaraciones y si existieron otras personas involucradas.
La investigación también detectó otros casos bajo análisis. Entre ellos figura el de un capitán de Corbeta contador que habría recibido haberes en Argentina durante períodos en los que, al mismo tiempo, cobraba por una misión en el exterior. El sistema excluye automáticamente del pago local al personal destinado fuera del país, por lo que los investigadores consideran que esas acreditaciones debieron realizarse por fuera del mecanismo habitual.
También fueron detectados pagos a quien sería la esposa de ese uniformado durante períodos en los que tenía licencia sin goce de haberes. Las personas involucradas dieron distintas explicaciones sobre el origen, conocimiento y utilización de los fondos, cuestiones que deberán ser determinadas durante la investigación judicial.
Tras las primeras irregularidades detectadas en febrero, la Armada comenzó a modificar el circuito de pagos y reforzar los controles internos. Desde marzo, el Departamento Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación, mientras que Contabilidad quedó a cargo de una conciliación independiente de la cuenta utilizada para los pagos.
El vínculo de Atanasoff con el caso surgió posteriormente, cuando la revisión histórica identificó a Prieto como una de las beneficiarias y estableció su relación matrimonial con el oficial. Ese dato fue considerado por los investigadores como el primer elemento objetivo que lo conectó personalmente con las acreditaciones bajo análisis.
A partir de entonces, Atanasoff fue relevado preventivamente. La fuerza también resguardó los equipos utilizados para preparar y transmitir los archivos bancarios y separó las tareas de liquidación, acreditación y conciliación.
La investigación interna estuvo a cargo de una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos. Los investigadores preservaron los dispositivos informáticos utilizados en el proceso y realizaron un cotejo individual y mensual entre los registros de los sistemas de haberes y las acreditaciones bancarias.
Parte del dinero ya fue devuelta. En abril, cuatro capitanes de Corbeta contadores reintegraron importes cobrados de más correspondientes a los haberes de enero. El 11 de septiembre se sumaron otros reintegros de personas incluidas en la denuncia.
Hasta el momento, las devoluciones alcanzan $42.574.267,63, por lo que quedarían pendientes de recuperación $938.574.300,25 del monto histórico detectado. La denuncia aclara que los reintegros no modifican el valor original de las operaciones investigadas, sino que permiten establecer cuánto dinero fue recuperado.
El expediente llegó a la Justicia luego de que el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, ordenara formalizar la denuncia una vez reunidos los elementos administrativos y técnicos. La presentación incorporó informes, actas vinculadas con los equipos informáticos, planillas de las irregularidades, registros del Banco Nación y declaraciones tomadas durante el sumario.
Ahora, la investigación judicial deberá determinar el destino de los fondos, la dimensión definitiva del perjuicio y la responsabilidad que le corresponde a cada una de las personas involucradas. Por el momento, la auditoría de la Armada estableció un piso documental de 645 acreditaciones indebidas, 23 personas identificadas y casi $1.000 millones comprometidos durante más de tres años.
