La normativa nacional estableció un nuevo marco legal para las plataformas digitales, creando la figura del prestador independiente.
La reglamentación de la reforma laboral en la Argentina transformó por completo las reglas de juego para miles de repartidores que operan a través de aplicaciones de delivery como Rappi y PedidosYa. El nuevo esquema normativo busca dar previsibilidad jurídica a una actividad que operaba bajo vacíos legales, delimitando formalmente derechos, obligaciones y el vínculo con las empresas tecnológicas.
El eje central de la medida es la creación de la figura del "prestador independiente de plataformas tecnológicas", una categoría que disipa las ambigüedades previas al estipular que la tarea se realiza de forma autónoma y no constituye una relación de dependencia bajo el régimen tradicional de la Ley de Contrato de Trabajo.
Uno de los puntos más destacados por el sector empresarial y ratificado por la normativa es la preservación de la flexibilidad horaria. Bajo este paraguas legal, los repartidores mantienen el derecho absoluto de:
La reglamentación introduce obligaciones estrictas para las compañías de delivery en cuanto al manejo de sus sistemas informáticos y la relación con los repartidores:
Derecho a réplica ante bloqueos: La norma establece reglas claras frente a suspensiones o bloqueos temporales o definitivos de cuentas. Las plataformas deben detallar los motivos de estas decisiones automatizadas y habilitar canales de atención humana para que el trabajador pueda ejercer su defensa.
Portabilidad de datos: Los trabajadores tienen la facultad de solicitar un informe estructurado sobre su historial de desempeño, calificaciones y actividad dentro de la aplicación, facilitando su posible transición hacia otros servicios.
Conservación de propinas: Se ratifica que el repartidor es dueño del 100% de las propinas recibidas, aun cuando los montos sean sugeridos de manera digital por la interfaz de la app.
Seguros obligatorios y costos de la actividad
El nuevo régimen exige la obligatoriedad de contar con un seguro de accidentes personales que cubra contingencias como fallecimiento accidental, incapacidad total o parcial, gastos médicos y costos funerarios derivados de la labor.
No obstante, la instrumentación de esta cobertura se suma a los gastos corrientes que cada trabajador debe afrontar de manera individual —tales como combustible, mantenimiento del vehículo, telefonía y conectividad—, los cuales continúan incidiendo de forma directa sobre los ingresos netos percibidos al margen de la facturación bruta.
