La justicia rechazó el argumento de que estas empresas son meras intermediarias tecnológicas, determinando que prestan un servicio de transporte real.
Uber, Cabify y Didi.
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La disputa entre los taxistas y las plataformas de transporte sumó un nuevo capítulo. Un reciente fallo judicial determinó que los conductores de aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify deberán cumplir con requisitos similares a los exigidos para taxis y remises, incluyendo la obtención de licencias profesionales y la contratación de seguros específicos.
La resolución fue emitida por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña y representa un duro revés para las plataformas digitales que operan en Capital Federal. El conflicto judicial surgió a partir de una demanda impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis, que acusó al Gobierno de la Ciudad de mantener una “omisión ilegítima” al no controlar adecuadamente el funcionamiento de estas aplicaciones.
Uno de los puntos más relevantes del fallo gira en torno a la naturaleza jurídica de servicios como Uber, DiDi y Cabify. Hasta ahora, las plataformas sostenían que funcionaban únicamente como intermediarias tecnológicas entre pasajeros y conductores, argumentando que la actividad debía considerarse “transporte privado” y no transporte público regulado.
Sin embargo, la Cámara rechazó esa interpretación y concluyó que, en la práctica, las aplicaciones prestan un verdadero servicio de transporte de pasajeros. Los jueces sostuvieron que existe una actividad económica organizada destinada al traslado de personas mediante vehículos a cambio de dinero, algo que encuadra dentro del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Para fundamentar la decisión, el tribunal también citó antecedentes internacionales, incluyendo fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se determinó que Uber no puede ser considerada simplemente una aplicación tecnológica, sino una empresa integrada al servicio de transporte.
A partir de esta nueva interpretación judicial, la Cámara ordenó que los conductores de plataformas digitales cumplan con condiciones similares a las que ya afrontan taxis y remises tradicionales.
Entre las principales exigencias figuran:
Según los magistrados, no puede existir un “vacío legal” que permita a las plataformas operar sin cumplir estándares básicos vinculados a la seguridad vial y la protección de los usuarios.
La resolución judicial también puso el foco en el reclamo de desigualdad planteado durante años por el sector de taxis. Los jueces consideraron irrazonable que los taxistas deban afrontar costos, habilitaciones y regulaciones estrictas mientras los conductores de plataformas operan bajo reglas mucho más flexibles.
En ese sentido, la Cámara remarcó que los taxistas están obligados a pagar aranceles, renovar licencias, realizar verificaciones técnicas y contratar seguros específicos para poder trabajar legalmente.
El fallo incluso señala contradicciones por parte del Gobierno de la Ciudad, que en varias ocasiones calificó a Uber como un servicio “clandestino”, pero al mismo tiempo permitió publicidad de la plataforma en espacios públicos y sistemas estatales como Ecobici o estaciones de subte.
Para los jueces, esa falta de controles generó un desequilibrio competitivo que perjudicó directamente al sector tradicional del transporte.