Por Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
Brasil aceptó un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de sus tierras raras que podría quebrar la hegemonía china en esta materia. La compra de una minera estratégica en Goiás asegura a Washington un recurso clave para su industria militar. Se trata de una jugada del presidente brasileño que contradice la política que venía llevando hasta ahora con Estados Unidos. El yacimiento se despliega a través de una amplia extensión, a trescientos kilómetros de Brasilia y lejos de las instalaciones y oficinas estatales. La minera se llama Serra Verde y, para Estados Unidos, su adquisición representa una decisión estratégica y no una simple transacción de mercado.
Es que se trata de un acuerdo que le permite a Estados Unidos asegurarse la provisión de un insumo militar decisivo para el largo plazo e implica, en los hechos, garantizar la mayor operación de tierras raras fuera de Asia. Trump, a su vez, obtiene una planta en el subsuelo brasileño que le permite quebrar el monopolio chino en un aspecto estratégico y tecnológico. La operación, valuada en dos mil ochocientos millones de dólares, implica la toma de control de esta reserva estratégica por parte de la empresa USA Rare Earth, que cuenta con financiamiento directo de Development Finance Corporation (DFC), el brazo de inversión del gobierno estadounidense. La participación de esta empresa elimina cualquier idea de negocio privado y pone en evidencia la posición de Washington.
En una interpretación próxima al gobierno brasileño, el profesor de la Universidad de Brasilia, Roberto Goulart Menezes, afirmó que "Brasil no tiende a tornarse con Lula un aliado incondicional de Estados Unidos ni una alternativa a los chinos: quiere asociarse internacionalmente, pero orientado por su propia estrategia de desarrollo".
Navegando entre estas contradicciones, el gobierno de Lula busca evitar que el acuerdo se interprete como una alianza con Estados Unidos. Este avance estratégico en Goiás tiene lugar en un momento de fricción político-institucional entre Brasilia y Washington, a raíz de la retirada de credenciales a un agente de seguridad norteamericano en un acto de "reciprocidad" por el mismo hecho acaecido con el delegado de la Policía Federal brasileña en Miami. Cabe recordar que el ex jefe de inteligencia de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, estaba detenido en Miami acusado por su implicación en la trama golpista de 2022, pero fue liberado este mes. Detrás de este hecho habría una supuesta gestión de Donald Trump que plantea la posibilidad de una interferencia directa estadounidense en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre.
Lula intenta navegar esta tormenta con un discurso de soberanía, contrastando su agenda de "paz y alimentos" frente a la lógica del enfrentamiento con Estados Unidos. Sin embargo, no deja de hallarse en una situación incómoda: mientras se intercambian gestos de hostilidad diplomática, se negocia un acuerdo para explotar las tierras raras brasileñas que beneficia claramente a Washington.
Mientras tanto, la elección presidencial en Colombia se realiza en un marco de creciente violencia. Las autoridades informaron que durante el último fin de semana tuvieron lugar treinta y un atentados en el sudoeste del país, lo que elevó la tensión de cara a los comicios del 31 de mayo. El más letal se registró cuando fue detonada una bomba en una ruta del departamento de Valle del Cauca, dejando medio centenar de heridos. El ataque se lo adjudicó el denominado "Estado Mayor Central" de las disidencias de las FARC, que rechazaron ingresar al acuerdo de paz de 2016. El deterioro en materia de seguridad en esa región es creciente, impulsado por actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico. El gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de centroizquierda del país, concluye su mandato mientras ve naufragar su política de "Paz Total", un intento de pacificación basado en operaciones militares y diálogo con los grupos armados. Los ataques recientes, dirigidos principalmente contra fuerzas de seguridad, también han afectado a civiles y generando rechazo interno e internacional. El candidato oficialista Iván Cepeda, al igual que la mayoría de sus competidores, condenó los atentados.
A su vez, en México, la captura del jefe narco Alexander Benavides Flores, alias "Metro Nueve", desató bloqueos, incendios y enfrentamientos durante dos días en tres municipios del estado de Tamaulipas: Reynosa, Gustavo Díaz Ordás y Miguel Alemán. Mediante carteles, el grupo criminal había advertido que respondería con ataques a las fuerzas de seguridad. Aunque estos hechos se desarrollan lejos de las sedes mexicanas de la Copa Mundial (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), constituyen una señal de alerta para el dispositivo de seguridad previsto entre junio y julio. Reynosa sigue siendo una de las ciudades más golpeadas por la violencia narco y los episodios de esta semana, que incluyeron ocho bloqueos viales y ataques contra sistemas de videovigilancia, muestran que la crisis de seguridad en el norte mexicano continúa lejos de estar contenida.
En conjunto, estos episodios muestran que América Latina atraviesa una etapa en la que la competencia entre potencias, la fragilidad institucional y la violencia asociada al crimen organizado comienzan a entrelazarse cada vez con mayor intensidad y condicionan el horizonte político de la región.