Por Dr. Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
Por Dr. Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
La reciente decisión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de eliminar por decreto los códigos de descuento automático en los haberes de los empleados estatales marca un hito en la defensa del salario. Al frenar de raíz los créditos con tasas de interés de usura —que en muchos casos superaban el 340% anual—, la provincia patagónica ha puesto al descubierto una de las estafas más crueles amparadas por la burocracia legal: la confiscación del sueldo de los trabajadores públicos por parte de financieras y pseudo-mutuales especulativas.
Es de público y notorio conocimiento, plenamente perceptible para toda la sociedad, cómo el endeudamiento asfixia silenciosamente a las familias trabajadoras de nuestros municipios y provincias. A esta valiente respuesta de Chubut se suma, de manera sumamente auspiciosa, la reciente iniciativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para implementar un programa de desendeudamiento familiar, facilitando la refinanciación de deudas de consumo mediante la banca pública con tasas fijas máximas accesibles. Ambos distritos han coincidido en un diagnóstico de absoluta emergencia: el Estado debe intervenir para rescatar a los ciudadanos del ahogo financiero.
Ante esta realidad innegable, considero imperioso destacar estas medidas y, fundamentalmente, señalar la urgencia de impulsar una generalización de este tipo de iniciativas a nivel federal.
Debemos comprender la naturaleza perversa de este mecanismo. El interés financiero desmedido es, por definición, profundamente inflacionario. Se trata de una obligación de dinero que se crea de la nada en el acto mismo del préstamo, pero que resulta totalmente insustentable en el tiempo porque ese capital no está respaldado ni generado por la economía real. Por lo tanto, el sistema empuja al eslabón más débil a ir a buscar con desesperación y extrema necesidad recursos que no existen en el circuito productivo.
Aquí se desata el núcleo del drama macroeconómico: todos los tomadores de deuda, asfixiados por la soga de las cuotas, se ven obligados a subir el precio de su trabajo, de sus servicios o de sus productos para poder afrontar el exceso del interés cobrado. Esta distorsión empuja de manera inevitable a una carrera al alza del valor de todos los bienes y los trabajos, sumergiendo a la sociedad en una espiral absurda donde la especulación financiera termina dictando los costos de la economía real.
Sin embargo, el colapso definitivo ocurre cuando se combinan los malos procesos económicos generados por este interés desbocado con el descalce absoluto de los salarios. Mientras que las tasas de las financieras crecen a un ritmo exponencial, los ingresos de los trabajadores quedan completamente rezagados, incapaces de acompañar semejante velocidad.
Este desajuste criminal altera las variables: el interés actúa como un motor inflacionario al principio del proceso, pero al enfrentarse a un contexto de ingresos reales congelados o en caída, drena por completo la capacidad de consumo de la población. Cuando las familias destinan todo su sueldo a pagar intereses de deudas ficticias, dejan de comprar bienes esenciales, lo que desemboca inevitablemente en una recesión profunda y paralizante para todo el comercio y la producción local.
Para comprender la magnitud de la asfixia crediticia en el bolsillo, basta con confrontar la evolución de los ingresos fijos frente a las verdaderas tasas que rigen en el mercado actual:
-Evolución de Salarios: Las paritarias promedio avanzan a un ritmo que queda totalmente desfasado frente al costo de vida y los compromisos financieros previos.
-Banca Tradicional (CFT Promedio): El Costo Financiero Total se ubica holgadamente por encima del 110% anual acumulado, sobrepasando cualquier paritaria.
-Financieras No Bancarias (CFT Usura): En los sectores informales o mutuales abusivas, el costo financiero real puede escalar de manera desbocada hasta picos que superan el 340% anual real.
Este abismo numérico genera consecuencias devastadoras. En primer lugar, produce un descalce insalvable de velocidad, donde el costo de la deuda corre infinitamente más rápido que el sueldo. En segundo lugar, destruye el consumo local, obligando al deudor a retirar dinero del circuito comercial básico (alimentos, vestimenta, servicios) para volcarlo a una intermediación financiera improductiva. El resultado final es una parálisis general de las economías regionales.
En este complejo escenario, no podemos ignorar que la intervención estatal también debe combinarse firmemente con el sector bancario tradicional. Muchas entidades bancarias de primera línea operan bajo esquemas que aplican un interés excesivo sobre los créditos personales, descubiertos y tarjetas de crédito. La usura no es patrimonio exclusivo de las cuevas o financieras informales.
Si el Estado nacional y las provincias no sientan a las entidades bancarias a la mesa para regular y topear sus márgenes de ganancia crediticia, el alivio financiero será incompleto. Se necesita una coordinación integral que obligue a toda la banca a adecuar sus costos financieros a la realidad productiva y salarial del país.
La usura no es un problema exclusivo del sur o del puerto; es un flagelo nacional que golpea con fuerza en San Juan y en todo el interior profundo. En cada rincón de nuestra provincia, miles de empleados estatales, docentes, personal de salud, municipales y cuentapropistas caen en las redes de este sistema abusivo que absorbe de manera directa sus ingresos. El salario y el fruto del esfuerzo diario, que poseen un carácter estrictamente alimentario e irrenunciable, terminan convertidos en el botín de intereses desmedidos.
Tanto Chubut (con su tasa de alivio a través de su banca pública) como CABA (poniendo un techo al costo financiero para proteger a los sectores vulnerables) demostraron que se puede intervenir activamente desde el Estado para proteger a los ciudadanos sin destruir el sistema.
Es momento de que el federalismo social reaccione. Necesitamos que estos modelos coordinados se transformen en una política de Estado replicada en nuestra provincia y por el propio Congreso de la Nación. No podemos seguir siendo cómplices, por acción u omisión, de un capitalismo especulativo que destruye el tejido social y el poder adquisitivo de quienes sostienen la administración pública y la economía familiar todos los días. La dignidad del trabajador no se negocia.