Por Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
Por Mario Alfredo Luna - Abogado y Expresidente del Concejo Deliberante de Jáchal
El debate político sobre la propiedad de la superficie cordillerana funciona como una oportuna distracción de fondo. Mientras la opinión pública se entretiene discutiendo la tenencia de tierras secas y limitadas por la escasez hídrica, los marcos jurídicos de la minería operan en un ecosistema legal paralelo que deja el subsuelo —donde radica el verdadero valor estratégico y económico— bajo regímenes especiales de excepción transnacional.
La inminente puesta en marcha del Distrito Vicuña en San Juan, bajo el amparo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), expone el mayor vacío estratégico de la política minera nacional: Argentina exportará el 100% de su riqueza en forma de piedra triturada (concentrado en bruto), mientras que sus vecinos andinos redefinen sus leyes para consolidar fundiciones locales y frenar la huella de carbono marítima.
El mineral no saldrá de la cordillera en placas de cobre refinado, sino como un barro húmedo con apenas 30% de pureza metálica. El 70% restante consiste en roca estéril, azufre y hierro. Financiera y ambientalmente, el país asume los pasivos de la remoción de montañas, pero regala el eslabón industrial más rentable. Al no poseer fundiciones activas ni exigir cuotas de procesamiento local, el país se verá obligado a importar cables y tecnología utilizando cobre refinado en el extranjero a partir de su propia piedra.
El espejo latinoamericano ofrece una lección contundente sobre los límites y desafíos del procesamiento local. Chile lidera la región con una capacidad de fundición que ronda los 3.5 millones de toneladas anuales. Santiago debate hoy agresivamente que exportar tierra implica "transportar basura marítima" y que refinar en origen es la única vía para esquivar las futuras barreras arancelarias verdes de las potencias globales. Perú, por su parte, cuenta con complejos metalúrgicos icónicos (como la fundición de Ilo) y articula regulaciones para encadenar la extracción con clusters de proveedores industriales altamente tecnificados.
La miopía del diseño institucional argentino queda al desnudo frente a las alianzas geopolíticas vecinas. Bajo la iniciativa conocida como "Proyecto 51", los gobiernos y corporaciones de Chile y Perú avanzan hacia la creación de una gigantesca Zona Franca Minera y Logística. El plan común no es competir por cuál provincia baja más los impuestos, sino coordinar infraestructura, unificar sistemas energéticos y construir economías de escala para abastecer de manera conjunta más del 50% del cobre mundial, añadiendo valor tecnológico en origen.
Argentina posee los yacimientos con leyes de mineral más ricas de la región, pero entra al mercado mundial de forma aislada, sin voz ni voto en esa mesa regional. Su marco legal funciona como un atractor de inversiones rápidas pero estériles en valor agregado. Condena al país a mirar desde afuera cómo sus vecinos se transforman en los dueños de la tecnología de la transición, mientras el territorio nacional se limita a proveer la materia prima cruda.
A esto se suman los vacíos de control provocados por los protocolos binacionales. Los límites internacionales se difuminan dentro del perímetro de los yacimientos, y las provincias no logran fiscalizar con precisión el ingreso de insumos críticos ni el movimiento de los minerales, supeditando su información a las declaraciones juradas de las corporaciones. Las policías ambientales locales carecen de jurisdicción para cruzar las líneas fronterizas en cuencas compartidas, laudando la total desprotección y la nula capacidad real de monitoreo de glaciares.
Incluso la logística interna expone fracturas: el reciente conflicto donde la justicia de La Rioja bloqueó el acceso por Guandacol demostró que los tratados binacionales diseñados en Buenos Aires ignoran el federalismo interno, forzando a San Juan a tejer acuerdos de urgencia con Santa Fe para desviar el flujo hacia la Hidrovía Paraná-Paraguay. Mientras tanto, las PyMEs locales de servicios enfrentan una realidad impositiva asfixiante, adelantando el pago de Ingresos Brutos sobre facturas que las mineras liquidan a 120 días.
Para revertir esta asimetría, San Juan y las provincias de la Mesa del Cobre deben abandonar la competencia fiscal bajista e impulsar una Liga Federal de Provincias Mineras. La propuesta urgente exige reformar las normativas internas para condicionar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) a planes concretos de industrialización en origen. Esto implica forzar la creación de consorcios público-privados para instalar complejos de fundición y refinado regional aprovechando los nodos energéticos de la alta montaña, y exigir por ley un cupo obligatorio de mineral refinado para el abastecimiento de industrias metalmecánicas locales [151-I]. Solo un bloque federal integrado puede negociar condiciones de valor agregado frente a los gigantes transnacionales y plantarse ante Chile y Perú para exigir la inclusión argentina en la futura Zona Franca Andina.
Al consagrar un esquema donde la corporación extrae el cobre, el oro y la plata combinados, se los lleva exenta de retenciones y dispone de las divisas sin tocar el Banco Central, la Argentina opera bajo las reglas de un enclave colonial del siglo XXI. Chile y Perú demuestran que el desarrollo nacional no se mide en toneladas despachadas, sino en el conocimiento, las fundiciones, el respeto a las autonomías municipales y el poder de negociación regional que se consolida antes de que el mineral cruce la frontera.