La decisión del Juzgado Federal de requerir explicaciones a la Universidad Nacional de San Juan por la interrupción de clases en sus colegios preuniversitarios constituye un paso significativo frente a un conflicto que compromete el derecho a la educación. Cuando las jornadas perdidas se acumulan y la incertidumbre se prolonga, resulta indispensable que las autoridades universitarias ofrezcan respuestas concretas y soluciones que protejan a los estudiantes.
El requerimiento judicial, que otorga a la casa de estudios un plazo de cinco días para presentar un informe con sus argumentos y antecedentes, surge del reclamo impulsado por familias preocupadas por las consecuencias de los paros docentes. La intervención se produjo luego de que el fiscal federal Francisco Maldonado considerara competente a la Justicia Federal, criterio que permitió al juez Leopoldo Rago Gallo avanzar con la tramitación del expediente.
La presentación de los padres pone en evidencia una situación que no puede analizarse exclusivamente desde la disputa salarial o gremial. Según los familiares autoconvocados, hasta la semana pasada los alumnos acumulaban 41 días sin clases, una cifra que refleja la magnitud del problema y obliga a preguntarse qué medidas se adoptarán para evitar que el calendario escolar continúe deteriorándose.
El amparo colectivo solicita garantizar una prestación mínima del 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza, además de establecer un programa para recuperar las jornadas y los contenidos pendientes del ciclo lectivo 2026. Se trata de planteos que procuran resguardar la continuidad pedagógica y evitar que los alumnos terminen pagando las consecuencias de un conflicto que excede sus responsabilidades.
Naturalmente, el reclamo judicial no supone desconocer el derecho de los trabajadores a defender sus salarios y condiciones laborales. Las demandas gremiales deben encontrar canales legítimos de expresión y negociación. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que la reiteración de las huelgas afecta directamente a quienes dependen de la educación pública para construir su futuro. Conciliar ambos derechos exige diálogo, responsabilidad y mecanismos que reduzcan el impacto de las medidas de fuerza.
La UNSJ deberá exponer ahora su posición ante el magistrado, quien evaluará los argumentos y determinará si corresponde conceder el amparo y la medida cautelar solicitada. Hasta entonces, no existe una resolución que obligue a garantizar el porcentaje reclamado. Pero el traslado judicial introduce una exigencia ineludible: explicar qué alternativas existen para preservar la actividad académica.
La autonomía universitaria no debe convertirse en una excusa para postergar soluciones ni para desatender las consecuencias de la interrupción educativa. La institución tiene la responsabilidad de defender su funcionamiento, pero también de garantizar que sus establecimientos cumplan su misión esencial.
La educación no puede quedar rehén de un conflicto permanente. Las partes deben negociar, las autoridades actuar y los estudiantes recuperar el tiempo perdido. Porque cada jornada sin clases representa una oportunidad de aprendizaje que se diluye y una deuda que la comunidad educativa no puede seguir acumulando.