Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista
Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista
El presidente José Antonio Kast pronunció un extenso discurso en el Congreso Nacional dedicado exclusivamente a dar detalles de su amplio programa de lucha contra la inseguridad, en todo el país. Ubicado en la ciudad de Valparaíso, a 116 kilómetros de la capital Santiago, en el recinto se encontraban los 155 diputados y a ellos explicó su "Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo" (ACOT) y con ella el "Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios críticos", que pondrá en marcha en pocas semanas. El presidente dijo que "habrá copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales". Pero a todo ello se agrega la creación del "Registro de Vándalos e Incivilidades", para lo cual enviará "con urgencia" el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento. Esta propuesta presidencial tiene previsto sancionar "con la pérdida de derechos sociales, como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal o el subsidio de arriendo", a quienes cometan delitos como atentar contra Carabineros, el personal de los servicios de Salud, la retención del Transporte Público, el tráfico de estupefacientes para que "respondan por sus hechos", dijo Kast.
En su extenso discurso, también se refirió a las penalidades que recibirá "la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario". En más de una oportunidad el jefe del Estado usó la palabra "orden", ya que es el objetivo mayor de toda la campaña que se pondrá en marcha. Y aseguró que "no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública". Como es conocido en el país, y lo destacan los medios de comunicación, desde antes de la llegada del actual presidente al poder en marzo pasado, la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía, después de la economía.
Se supo también que tras consultas a expertos se llegó a la conclusión de que Chile está ante la presencia de "una crisis de inseguridad marcada por la irrupción de la "nueva delincuencia". ¿Y qué significa eso? Los naturales cambios de época, las nuevas tecnologías y el crecimiento de la criminalidad en el mundo, "han convertido en mucho más violenta la delincuencia". Y así lo admite Kast al referirse a la "irrupción de bandas locales, especializadas principalmente en asaltos y robos de automóviles, a través del método de encerronas y portonazos". A ello sumó el presidente que todo esto creció aún más por la presencia de organizaciones criminales transnacionales, como el "Tren de Aragua", detectado en este país en 2020, y se cometen delitos que antes eran poco frecuentes, como sicariatos, secuestros extorsivos y el tráfico de migrantes con fines de explotación sexual. Recordemos que sicariato se llama a la actividad criminal "en la que una persona (el sicario) asesina a otra por encargo, a cambio de un pago en dinero u otros bienes". Desde la oposición y en los pasillos del Congreso se oyó criticar al presidente por su "fracasada" experiencia oficial en estos primeros cinco meses en materia de seguridad.
Precisamente, para el diario "La Tercera" de Santiago, la oposición fue crítica con los anuncios del presidente al subrayarse que el plan "no incluye el levantamiento del secreto bancario", y apuntando también a una supuesta "búsqueda de propaganda política". Pero el jefe del Estado dijo además que se crearán siete fuerzas de tareas que trabajarán coordinadas y focalizadas en "fronteras y puertos, contra el secuestro, sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y la violencia en la Macrozona Sur", que es un territorio compuesto por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se sufre mucha conflictividad social y violencia rural. Agregó Kast que existirá un fuerte apoyo a Carabineros, "de manera especial, así como a la Policía de Investigaciones (PDI), a Gendarmería y al servicio de prisiones", aclarando que esto significa un cambio de actitud frente a las fuerzas de orden público.
Otro impacto fue el anuncio del Plan de Infraestructura Penitenciaria, proyectado hasta 2030, con "la mayor modernización del sistema carcelario en más de 30 años", para lo cual "se incorporarán 20.000 nuevas plazas a lo largo de todo Chile, disminuyendo el hacinamiento (…) y se construirán cárceles modernas, seguras y suficientes". Aclaró que esto no será un gasto para el Estado sino "una inversión en la seguridad de todos los chilenos, con educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones e intervención privada".