La decisión del Gobierno de San Juan de destinar más de 59 millones de pesos para la compra de 8.500 árboles destinados a los 19 departamentos constituye una señal alentadora en una provincia donde el arbolado público ha sufrido durante décadas un progresivo deterioro. La apertura de la licitación para adquirir ejemplares adaptados a las condiciones climáticas locales representa un paso concreto hacia la recuperación de un patrimonio natural que resulta indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el equilibrio ambiental.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable mediante una Orden de Compra Abierta, contempla especies apropiadas para el clima árido sanjuanino. Fresnos americanos, acacias visco, aguaribay, algarrobos chilenos, cina cina, jacarandás, lapachos rosados, moras tartáricas, espinillos y arabias conforman un conjunto forestal que no solo embellecerá espacios urbanos y rurales, sino que contribuirá a diversificar la cobertura vegetal con ejemplares resistentes y, en varios casos, autóctonos.
La importancia de esta medida trasciende el valor paisajístico. Los árboles cumplen funciones esenciales para la vida cotidiana: moderan las altas temperaturas, capturan dióxido de carbono, mejoran la calidad del aire, disminuyen la erosión de los suelos, atenúan el impacto de los vientos y generan ámbitos más saludables para la convivencia. En una provincia sometida a condiciones climáticas extremas y crecientes desafíos derivados del cambio climático, cada nuevo ejemplar plantado representa una inversión en bienestar presente y futuro.
Sin embargo, también corresponde advertir que los 8.500 árboles previstos distan de compensar las pérdidas acumuladas durante muchos años. Las sequías prolongadas, la escasez hídrica, las talas injustificadas, las podas indiscriminadas y el abandono del mantenimiento provocaron la desaparición de miles de ejemplares que nunca fueron reemplazados. Recuperar ese patrimonio demandará continuidad, planificación y recursos sostenidos durante varios años.
Tan importante como plantar será asegurar la supervivencia de cada árbol. No tendría sentido realizar una inversión de esta magnitud si luego los ejemplares no reciben el riego adecuado, el seguimiento sanitario indispensable y la protección frente a daños ocasionados por acciones humanas. La experiencia demuestra que muchas campañas de forestación fracasan precisamente por la ausencia de un programa de conservación posterior.
También será necesario que la distribución de los árboles responda a criterios de equidad territorial, contemplando las necesidades de los 19 departamentos y las características particulares de cada comunidad. La forestación debe constituirse en una verdadera política de Estado, con participación activa de municipios, instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos. Solo mediante ese compromiso colectivo será posible recuperar el patrimonio forestal de San Juan y dejar a las próximas generaciones una provincia más verde, más saludable y mejor preparada para enfrentar los desafíos ambientales del porvenir.
