La reglamentación de la Ley Provincial 2799-A ha puesto en marcha una de las transformaciones más importantes del transporte público de pasajeros en San Juan de los últimos veinte años. La decisión del Gobierno provincial de dejar atrás el histórico régimen de licencias para taxis y remises e incorporar un marco legal para las plataformas digitales representa un reconocimiento de una realidad que hace tiempo se había impuesto en las calles.
La tecnología modificó los hábitos de movilidad de los usuarios y el Estado no podía permanecer ajeno a ese proceso. Durante años, las aplicaciones de transporte crecieron en un terreno de incertidumbre jurídica, mientras el sistema tradicional continuaba sujeto a un esquema de cupos y licencias concebido para otra época.
La creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), donde deberán inscribirse conductores, vehículos y empresas, constituye un intento por unificar criterios y establecer reglas comunes para todos los prestadores, independientemente de la modalidad bajo la cual operen.
La nueva normativa introduce exigencias que apuntan a reforzar la seguridad del servicio. La obligación de contar con licencia profesional, revisión técnica obligatoria vigente, seguro específico, vehículo radicado en la provincia, patente al día, GPS y un código QR para verificar la habilitación son herramientas que, correctamente aplicadas, pueden brindar mayores garantías a los usuarios y transparentar una actividad que hasta ahora presentaba importantes zonas grises.
Sin embargo, toda reforma de estas características despierta interrogantes legítimos. El sindicato de taxistas sostiene que actualmente existirían unos 10.000 conductores vinculados a plataformas digitales frente a menos de 1.000 vehículos habilitados dentro del sistema tradicional. Esa diferencia refleja la magnitud del fenómeno y explica la preocupación de quienes advierten que la simple legalización de las aplicaciones no resolverá por sí sola los problemas de competencia desleal e informalidad. El verdadero desafío comienza precisamente con la entrada en vigencia de la reglamentación. Un registro digital, por moderno que sea, carecerá de eficacia si no está acompañado por controles permanentes, inspecciones eficientes y sanciones para quienes incumplan las condiciones establecidas. La igualdad ante la ley exige que todos los prestadores, sin excepción, respeten las mismas obligaciones tributarias, laborales y de seguridad. La modernización no puede confundirse con una desregulación absoluta.
El Estado tiene la responsabilidad de promover la innovación, pero también de proteger tanto a quienes trabajan dentro del sistema como a los usuarios que depositan su confianza en él. La incorporación de nuevas modalidades de transporte debe significar más opciones y mejor calidad del servicio, no un retroceso en materia de derechos laborales ni de fiscalización.
San Juan ha decidido adecuar su legislación a un mercado que evoluciona con rapidez. La iniciativa merece ser valorada porque reconoce una realidad imposible de ignorar. Pero el éxito de esta reforma dependerá menos del texto de la ley que de su aplicación cotidiana. Solo un control serio, permanente y equitativo permitirá que la competencia sea leal, que la seguridad esté garantizada y que la modernización del transporte se traduzca en un beneficio concreto para toda la comunidad.