La posibilidad de que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse fuera de las farmacias ha reabierto un debate que trasciende la mera desregulación económica para instalarse de lleno en el terreno de la salud pública. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que aún deberá recorrer el camino legislativo, propone habilitar la venta de estos productos en supermercados, kioscos y otros comercios, además de ampliar los canales digitales para su comercialización. La iniciativa busca fomentar la competencia y ampliar las opciones para los consumidores, pero ha despertado una firme resistencia entre los farmacéuticos sanjuaninos, quienes consideran que la medida puede generar riesgos sanitarios difíciles de revertir.
El principal argumento del sector no se basa en una defensa corporativa, sino en la naturaleza misma del medicamento. Aunque se trate de productos de venta libre, ello no significa que sean inocuos. Analgésicos, antiácidos o antiinflamatorios pueden ocasionar efectos adversos, interacciones con otros tratamientos o intoxicaciones cuando son utilizados sin el debido asesoramiento. El ejemplo del paracetamol resulta ilustrativo: un error en la dosis puede provocar graves lesiones hepáticas, especialmente en personas vulnerables.
Las farmacias cumplen una función que excede ampliamente la simple transacción comercial. El farmacéutico orienta al paciente, advierte sobre incompatibilidades entre medicamentos, verifica condiciones de conservación y garantiza la trazabilidad de los productos desde la droguería hasta el consumidor. Son controles que difícilmente puedan replicarse en miles de comercios cuya actividad principal no está vinculada al cuidado de la salud.
Otro aspecto controvertido del proyecto es la posibilidad de que las farmacias adopten cualquier figura jurídica, incluidas las sociedades anónimas. El Colegio Farmacéutico de San Juan entiende que esta modificación favorecería el desembarco de grandes cadenas comerciales con capacidad para concentrar el mercado, debilitando la red de farmacias independientes que actualmente presta servicio en barrios y departamentos alejados. La experiencia internacional demuestra que los procesos de concentración suelen reducir la diversidad de prestadores y afectar la cercanía con los usuarios.
El Gobierno sostiene que una mayor competencia podría ampliar la libertad de elección e incluso contribuir a moderar los precios. Sin embargo, los farmacéuticos recuerdan que las farmacias no determinan el valor de los medicamentos, sino que comercializan productos cuyos precios responden a una compleja cadena de producción y distribución. En consecuencia, eliminar la exclusividad de venta no constituye una garantía de menores costos para la población.
En San Juan, además, cualquier modificación deberá armonizarse con la legislación provincial, que hasta ahora mantiene a las farmacias como los únicos establecimientos habilitados para dispensar medicamentos. Esa definición refleja un criterio sanitario antes que comercial.
Toda reforma orientada a modernizar mercados merece ser analizada con apertura. Pero cuando el objeto de esa reforma son los medicamentos, la prioridad no puede limitarse a facilitar su acceso o ampliar los canales de venta. La protección de la salud, la prevención de la automedicación y el valor del consejo profesional constituyen bienes públicos que deben preservarse por encima de cualquier lógica exclusivamente comercial. La eficiencia económica nunca debería reemplazar a la seguridad sanitaria.
