La suspensión durante 48 horas de los servicios médicos y asistenciales para afiliados del PAMI en clínicas y sanatorios privados de San Juan vuelve a poner sobre la mesa un problema que no admite soluciones a costa de quienes menos margen tienen para afrontar las consecuencias. El reclamo de los prestadores puede ser legítimo y la situación económica de las instituciones merece ser atendida, pero cuando la protesta interrumpe consultas, estudios y tratamientos de adultos mayores, el conflicto adquiere una dimensión social que obliga a buscar respuestas con mayor urgencia.
Desde el miércoles y hasta hoy viernes, numerosos afiliados sanjuaninos se encuentran frente a una incertidumbre que no deberían experimentar quienes dependen de una cobertura de salud para sostener su vida cotidiana. Para un jubilado, una consulta postergada, un estudio que no se realiza o un tratamiento que se demora no constituye simplemente un inconveniente administrativo. Puede significar angustia, deterioro de su calidad de vida y, en determinados casos, un riesgo concreto para su salud.
Es comprensible que las clínicas y sanatorios privados reclamen mejores condiciones de prestación. También resulta razonable que adviertan sobre las dificultades económicas que atraviesa el sistema y planteen la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se brinda atención a los afiliados del PAMI. Ningún sistema sanitario puede sostenerse indefinidamente si quienes prestan los servicios no cuentan con condiciones que permitan garantizar su funcionamiento.
Pero tampoco puede ignorarse que el afiliado es el eslabón más vulnerable de esta discusión. El jubilado no negocia aranceles, no fija contratos ni decide políticas de financiamiento. Sin embargo, es quien termina enfrentando las consecuencias cuando las partes no consiguen alcanzar un acuerdo.
Por eso, la medida debería ser entendida como una señal de alarma, pero también como un límite. Las diferencias entre prestadores y financiadores deben resolverse en las mesas de negociación, con números claros, compromisos verificables y plazos concretos. La atención sanitaria de los adultos mayores no puede transformarse en una herramienta de presión permanente.
El conflicto de San Juan debería servir para algo más que contabilizar 48 horas de interrupción. Debería impulsar una discusión seria sobre la sustentabilidad del sistema, el financiamiento de las prestaciones y las condiciones laborales y económicas de quienes sostienen la atención cotidiana.
Mientras esa discusión se desarrolla, las autoridades y las instituciones involucradas tienen una responsabilidad ineludible: garantizar que ningún afiliado quede desamparado. Reclamar es legítimo; negociar es indispensable; cuidar a quienes necesitan atención médica, sencillamente, no puede esperar.
