La crisis bancaria y financiera que sacude a Paraguay ha ingresado en una etapa de extrema gravedad, porque detrás del derrumbe de una entidad financiera y de las consecuencias políticas que ya provocó existe una preocupación mucho más profunda: la suerte de millones de ahorristas que necesitan recuperar su dinero y, con él, la confianza en un sistema que debería ofrecer seguridad, previsibilidad y transparencia.
El caso Ueno Bank expuso una trama de presuntas irregularidades que derivó en la destitución del expresidente Santiago Peña, ahora detenido e imputado mientras la Justicia profundiza la investigación sobre sus vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad. El exmandatario rechaza las acusaciones y se declara inocente, pero la gravedad de las sospechas obliga a que todas las actuaciones judiciales avancen con absoluta independencia y sin interferencias políticas.
El allanamiento de una residencia de Peña en San Bernardino, donde los investigadores encontraron incluso una puerta blindada, constituye una imagen particularmente fuerte de una investigación que procura determinar si hubo maniobras destinadas a beneficiar intereses particulares mediante el uso de relaciones de poder. También se investigan los préstamos recibidos por el expresidente y las operaciones desarrolladas durante su gestión entre empresas vinculadas al conglomerado y organismos estatales.
Pero mientras la Justicia busca establecer responsabilidades, existe una urgencia que no admite demoras: proteger a los depositantes. Ueno Bank contaba con unos 2,9 millones de clientes, una cifra que permite dimensionar el alcance social del problema. La garantía de depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona, pero persiste la incertidumbre para quienes tenían fondos por encima de ese límite.
El problema adquiere todavía mayor dimensión por la presencia de recursos públicos y previsionales. Los depósitos del Instituto de Previsión Social rondaban los 355 millones de dólares y el conjunto de fondos estatales y previsionales comprometidos alcanzaría unos 813 millones de dólares. Se trata de recursos que no pertenecen a funcionarios ni empresarios, sino a ciudadanos y trabajadores que esperan que sus aportes estén protegidos.
La reorganización del Banco Central y la designación de nuevas autoridades deberán servir para recuperar credibilidad, pero no alcanzarán por sí solas. La confianza no se decreta: se reconstruye mediante controles eficaces, información transparente y responsables que respondan ante la Justicia si se comprueba que utilizaron sus cargos para obtener beneficios indebidos.
La crisis paraguaya deja así una advertencia que trasciende sus fronteras. Los bancos pueden caer, los gobiernos pueden cambiar y los funcionarios pueden ser investigados. Lo que no debería caer es la certeza de los ciudadanos de que sus ahorros están protegidos y de que las instituciones funcionan para todos.
Por ahora, la pregunta central permanece abierta: cuánto dinero podrán recuperar los ahorristas y quiénes deberán responder por las pérdidas. De la respuesta dependerá no solamente el futuro de Ueno Bank, sino también la credibilidad del sistema financiero paraguayo.