El crecimiento sostenido de la morosidad en el sistema financiero argentino constituye una de las señales más preocupantes del escenario económico actual. Que el país haya alcanzado un récord de 5,8 millones de deudores en situación irregular no puede interpretarse únicamente como un problema bancario o financiero. Detrás de esas cifras existe una realidad mucho más profunda: miles de familias y empresas que han perdido capacidad para cumplir con sus compromisos, reflejando un deterioro que trasciende el ámbito del crédito y se proyecta sobre el conjunto de la economía.
Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborados sobre la base de información del Banco Central, muestran que la mora acumula diecinueve meses consecutivos de incremento, mientras el índice de incumplimiento de los créditos al sector privado alcanzó el 7,6%. Más inquietante aún resulta el comportamiento de los préstamos destinados a las familias, donde la irregularidad llegó al 12,3%, muy por encima del 3% registrado entre las empresas.
Especial atención merece el crecimiento de la morosidad en las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias. En apenas un año y medio, el incumplimiento pasó del 7,3% al 29,6%, superando incluso el pico observado durante la pandemia. Se trata de un fenómeno que pone en evidencia los riesgos de un sistema de financiamiento ágil y de fácil acceso, pero muchas veces utilizado como recurso para sostener gastos corrientes ante la pérdida del poder adquisitivo.
La situación adquiere mayor gravedad entre los jóvenes. Que cuatro de cada diez préstamos otorgados a menores de 24 años presenten atrasos constituye un dato alarmante. En este segmento, además, cerca del 80% de las deudas impagas corresponde a operaciones realizadas mediante billeteras virtuales. La facilidad para obtener crédito digital, sumada a ingresos insuficientes y escasa educación financiera, conforma una combinación que merece respuestas urgentes.
El problema tampoco se limita a los hogares. Sectores como la construcción, la gastronomía, el comercio y la salud muestran crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, reflejando que la desaceleración del consumo y la reducción de la rentabilidad también afectan la actividad productiva.
Resulta evidente que la caída del salario real y el aumento del peso de las deudas sobre los ingresos familiares explican buena parte de este deterioro. Cuando casi una cuarta parte de la masa salarial debe destinarse al pago de créditos, el margen para afrontar gastos esenciales se reduce peligrosamente.
Recuperar la estabilidad financiera requiere mucho más que restringir el acceso al crédito. La verdadera solución pasa por fortalecer el poder adquisitivo, promover empleos de calidad, fomentar la educación financiera y diseñar mecanismos de refinanciación que permitan evitar un sobreendeudamiento crónico. De lo contrario, la actual cifra récord de morosos dejará de ser una estadística coyuntural para convertirse en un obstáculo estructural para el crecimiento económico y la inclusión financiera del país.
